En golpes contundentes contra la delincuencia, la Fiscalía General del Estado, bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, logró que jueces de control vincularan a proceso a dos sujetos implicados en crímenes de explotación y violencia familiar.
Tras la presentación de pruebas irrefutables, se determinó que los imputados permanecerán tras las rejas en tanto avanzan sus procesos judiciales en Tulum y Chetumal.
En el primer caso, la autoridad judicial procedió contra David “N”, alias “Rambo”, quien operaba en el municipio de Tulum. Este individuo es señalado por el reclutamiento de tres adolescentes, a quienes presuntamente mantenía bajo un régimen de trabajos forzados.
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Según las investigaciones, "Rambo" capturaba y alojaba a los menores para integrarlos a las filas de un grupo criminal, proporcionándoles uniformes negros para identificarlos y asignándoles tareas de alto riesgo como la venta de narcóticos, vigilancia de comercios y la ejecución de amenazas.
Por estos hechos, el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años.
La detención de David “N” representa un avance significativo en el desmantelamiento de las redes de explotación infantil que el crimen organizado utiliza para expandir sus operaciones de distribución de estupefacientes en la zona turística de la entidad.
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Simultáneamente, en Chetumal, la Policía de Investigación capturó a Omar Abdiel “N”, conocido como “Yapi”, por su presunta responsabilidad en delitos de pornografía infantil y violencia familiar en agravio de una joven de 17 años.
Los reportes indican que el sujeto, tras no aceptar el fin de su relación sentimental, irrumpió en el centro de trabajo de la víctima para agredirla físicamente y amenazarla de muerte, ataque que fue frenado únicamente por la intervención de un familiar.
Sin embargo, la agresión escaló al ámbito digital, donde Omar Abdiel “N” difundió fotografías íntimas de la menor a través de la red social WhatsApp sin su consentimiento.
Ante la gravedad de las pruebas, el Juez de Control determinó su vinculación a proceso y le dictó prisión preventiva por dos años, garantizando así la protección de la víctima y el inicio de la etapa de investigación complementaria.
