La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) propondrá al Congreso de la Unión modificaciones a la Ley de Obras Públicas para que se eliminen por completo las adjudicaciones directas a fin de que toda obra sea licitada, además de crear Comités Ciudadanos que validen los fallos para evitar moches y demás actos de corrupción, anunció ayer en esta ciudad su presidente, Francisco Gallo Palmer.
Dijo que lamentablemente en el sexenio que termina los actos de corrupción en los contratos de obra pública fueron el pan de cada día, además de que se abusó en los esquemas de PPS, lo que heredará una multimillonaria deuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a cuando menos tres o cuatro gobiernos más, porque son contratos con particulares de 20 hasta por 30 años.
Previo a participar en la Tercera Reunión Nacional de la AMIC, a la que asisten los presidentes de las 45 delegacionales del país, dijo que la agrupación que representa está en la mejor disposición de colaborar y participar en las estructuras gubernamentales, particularmente con los Ayuntamientos, para asesorarlos en la elaboración de proyectos de obras que garanticen su viabilidad y, en consecuencia, la obtención de recursos. También dijo que las delegaciones buscarán coordinar acciones con los delegados del gobierno federal para los mismos fines.
Asesorar alcaldes
—La asociación tiene como propósito asesorar a los alcaldes y direcciones de obras públicas en la elaboración de expedientes técnicos y proyectos ejecutivos, porque estamos conscientes que si no los tiene bien elaborados no tendrán posibilidad de bajar recursos de la federación, agregó.
Indicó asimismo que cada uno de los presidentes delegacionales de la AMIC tienen relaciones con los nuevos diputados y senadores por haber trabajado con ellos durante la campaña pasada “creando una sinergia y por eso vamos a presentar al Congreso de la Unión un buen paquete de proyectos que puedan ser tramitados y aterrizados a los Ayuntamientos, que son el nivel de gobierno que deben manejar recursos para obras y servicios, ya que son el primer contacto directo con la ciudadanía”.
—Nuestra meta es que se cambie el estilo y empecemos un nuevo sistema donde la honestidad impere para terminar con la corrupción en la obra pública, incluso, llevando una propuesta a la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios y eliminar el concepto de asignación directa de obras, apuntó.
Lamentó y manifestó su preocupación por el caso de Tabasco donde el Congreso local aprobó que toda obra pública puede ser asignada de forma directa, lo que consideró una puerta abierta a la corrupción.
Nuestra finalidad –subrayó–, es que cada una de las empresas que participan, que en su mayoría son Mipymes, alrededor del 90%, puedan tener las mismas condiciones y oportunidades que tienen las demás empresas.
—Por eso solicitamos a los gobiernos estatales, federal y Ayuntamientos piso parejo para que todos los empresarios puedan participar de una forma equitativa, democrática y puedan hacer sus propuestas por una obra de mejor calidad y económica. Evitemos los presupuestos elevados y que toda la obra se haga por licitación pública, ya que no siempre el que ofrece un precio más alto te hará una obra de calidad, y a diferencia, la propuesta barata puede ser la mejer técnicamente y puede tener una propuesta económica solvente que pueda beneficiar no solo a las arcas del gobierno, sino a la sociedad misma, que a final de cuentas es la que paga las obras con sus impuestos, apuntó.
Enorme adeudo federal
Gallo Palmer sostuvo que el gobierno de Peña Nieto ha tenido un alto índice de corrupción tanto en las licitaciones públicas nacionales, además de que la gran mayoría de las obras se asignaron vía PPS, que son los programas de arrendamiento financieros en hospitales, carreteras, escuelas y una serie de infraestructura, que constituyen una enorme deuda se le hereda al próximo gobierno federal.
López Obrador tendrá que pagar esa deuda que está dejando este gobierno y, nada más en el caso de infraestructura de salud, rebasa los 25 mil millones de pesos; en educación 85 mil millones de pesos y en carreteras 165 mil millones de pesos.
Al referirse al tema de los moches señaló:
—Nosotros estamos satisfechos y aceptando la propuesta de cero moches, pero consideramos que algunos programas que se han implementado en cuanto al beneficio social deberían estar encaminados hacia la infraestructura pública, tenemos miles de comunidades en el país donde todavía no están satisfechas las necesidades de drenaje, pavimentación , banquetas, rampas energía eléctrica y servicios básicos en general, y ahí es donde deberíamos encaminar las inversiones.
—Aceptamos la propuesta del Lic. Andrés Manuel López Obrador, de que muchos caminos de acceso a las comunidades se podrían hacer con concreto hidráulico y con mano de obra local, sin embargo debe ser a través de una empresa constructora para que puedan satisfacerse los esquemas fiscales para controlar ese recurso.
Moches en el Estado
Por su parte, el presidente en Yucatán de la AMIC, Carlos Ramírez Aguilar, denunció que el gobierno estatal solicitó también moches a los constructores y en particular señaló como operador al ex presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y actual director del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey), Víctor Castillo Espinosa.
—Siempre denunciamos que las obras venían con nombres y apellidos y pedían moches y nosotros siempre estuvimos en contra y así como yo hay varios constructores aquí en la asociación que hace seis años no trabajamos con el Gobierno del Estado por esa situación, no nos prestamos a ello y por eso nos vimos excluidos.
—No sólo hubo empresas fantasmas, sino hasta de los parientes, que si la hija, que si el chofer, fueron creando empresas de ese tipo con prestanombres, en la figura jurídica existe (la empresa), pero es una empresa que maneja un segundo un tercero que está arriba de esas personas y eso es lo que nos hacía daño.
—Muchos constructores sí se prestaron a ello y siguieron el juego; no sé cuánto perdieron en ese juego en que te pedían esas cantidades de dinero, realmente no sé cómo les fue y he oído que hay muchos que le deben al Seguro Social y a Hacienda por prestarse a esa situación.
—¿Tiene los nombres, que los diga?, solicitó el reportero.
—Hasta ahorita no, no te los puedo decir, pero eso sí se puede investigar.
—¿Si sabían de esta situación porque no lo denunciaron?
—Bueno, eso no es una situación penal, nosotros lo manifestamos, lo dijimos, pero las autoridades encargadas de investigar pues no lo hicieron, lo que hicimos nosotros es dejar de trabajar con ellos, eso sí.
—Si sabían ustedes de las irregularidades y no las denunciaron no se vuelven cómplices?
—No, complicidad fue los que lo permitieron, los que estando en una situación de dirigentes se prestaron a eso, como un ex presidente de cámara, Víctor Castillo, que ahora es funcionario, se prestó a ello.
—¿Quién más?
—Bueno, no sé quién más está dentro de esto, pero él (Víctor Castillo) estuvo en una situación que fue permisible con esto. Dejó gente allá que fue la que ha permanecido y lo han consentido, esperemos que esto ya vaya a cambiar.
—¿Hasta cuánto pedían de moche?
—El 20 por ciento y en otros casos hasta más del 30 por ciento, concluyó.
También estuvo en la conferencia Alfonso González Fernández, miembro de la AMIC
(Rafael Mis Cobá)