Imagínese que usted es defensora de derechos humanos, y un día como a eso de las 9:30 de la mañana está a las afueras de su lugar de trabajo explicando a un albañil los arreglos que debe hacer en la fachada y techo de este lugar, usted alza la mano para señalarle dónde exactamente quiere que realice estos ajustes, cuando de pronto pasa corriendo alguien por la calle con un desarmador y la ataca por la espalda en su costado derecho, no la ataca para asaltarla, la ataca con toda saña propinándole dos picotazos, el segundo con más fuerza que el primero y un tercero es impedido por el albañil. El albañil intenta detenerlo y corre detrás del agresor quien se da a la fuga, mientras usted pasa a revisar si le perforó la zona donde lo atacó. Cuadras adelante, con ayuda de este heroico ciudadano, unos policías detienen a su agresor y minutos después usted llega a reconocer si es a quien detuvieron la misma persona que la agredió. Es él. Respira un halo de esperanza porque ante ese indignante hecho, al menos se ha detenido a quien puso en riesgo su vida.
Usted opta por acudir al sistema de procuración de justicia de su localidad, interpone su denuncia narrando cómo ocurrieron los hechos, les cuenta cómo sintió que por una cuestión de suerte, de la posición del cuerpo o de la vida, usted continúa viva; les dice de su temor por esta jugada de la inseguridad y porque días anteriores había sido agredida por grupos anti derechos que se oponen a su lucha y defensa por los derechos de las mujeres.
El sistema de procuración de justicia le pide que deje esos detalles de lado, que se enfoque en la agresión como si se tratara de un acto aislado, minimizan lo que le ocurrió y lo que eso la hizo y la hace sentir. Pero les da un voto de confianza porque piensa que quizá así es el procedimiento, que quizá pese a eso ellos harán su trabajo, que quizá la ayuden a entender por qué alguien te atraviesa la vida un martes por la mañana después de atacarte intempestivamente con un desarmador y sin otro propósito que hacerte daño.
Los días pasan y ese sistema de procuración de justicia no investiga: le hacen un escueto informe médico de las lesiones que le produjeron sin analizar si hay posteriores consecuencias, no profundizan en la afectación psicológica de la que fue víctima, ni en la razón por la cual una persona sin aparente motivo te ataca con toda alevosía y ventaja.
Los días pasan y usted ya no duerme igual, eso cuando logra conciliar el sueño, comienza a bajar de peso, se siente insegura, ya no puede salir a la calle de la misma manera, cambia sus dinámicas diarias, le ponen un sistema de seguridad en que intercambia protección por intimidad; y es cierto, a usted no le quitaron la vida, pero si perdió la forma en cómo quería vivirla.
Además, su atacante figura tener una discapacidad mental que hace suponer que se encuentra privado de la razón y requiere de una atención especial. No investigan si verdaderamente tiene dicha discapacidad mental, pero prejuzgan que su agresor requiere de asistencia especial tal como contar con una psicóloga, con representantes del Estado y además con su defensor, esto sin que haya la opinión de algún experto en psiquiatría. De pronto su agresor se convierte en víctima.
Se llega a juicio después de muchos meses y la juzgadora determina que no consideran que su agresor quisiera matarla, que no se le nota que tuviera ese deseo, que se trata solamente de unas lesiones, y que su agresor requiere del apoyo y protección del Estado. Hay otra oportunidad para profundizar en la investigación, pero no se hace, usted no sabe bien por qué, así como tampoco sabe por qué la juzgadora no determinó también para usted ese apoyo y protección del Estado.
Siguen pasando los días, digamos unos 588 días, equivalentes a aproximadamente un año y siete meses de su agresión y, por fin, le dan fecha para la audiencia de juicio final, ésa en que se desahogarán las pruebas que se recabaron para conocer la verdad de lo que ocurrió y poder acceder a la justicia. Usted va cada día de las audiencias, su agresor está sentado en un extremo de la sala con toda la protección del Estado que se determinó necesitaba, usted está en el otro extremo sin esa misma protección del Estado porque no se determinó que la necesitara. Se apertura la audiencia y el tribunal que tomará la decisión de su caso, no la mira, no la observa, no le da el uso de la voz, no le pregunta, como sí se lo pregunta a su agresor, si usted se encuentra bien. Todo se vuelve surreal, no sabe en qué momento se vio envuelta en un laberinto kafkiano que la cambia de papel, su agresor se vuelve la víctima y todo aparenta que usted es la agresora y que por eso la castigan invisibilizándola, desprotegiéndola y desdeñando lo que le pasó. El laberinto la lleva al mismo lugar, pero ahora el agresor no es ése que empuñaba un desarmador y la atacó un martes por la mañana, es el Estado empuñando con toda su fuerza a todas las instituciones para atacarla todos los días siguientes a su agresión.
Lo anterior, no es un pasaje surreal, es la realidad del caso de la defensora de derechos de las mujeres, la Doctora Sandra Peniche. Al cuarto día de su juicio, antes de dar fecha para el desahogo de alegatos y la determinación final del tribunal que se llevará a cabo este próximo lunes 28 de octubre, se desahogó el peritaje médico sobre las lesiones producidas el día que la intentaron privar de la vida. La médica forense pasó a la palestra a explicar el escueto informe que realizó para la fiscalía, donde, no obstante que a voz de la misma señaló que las lesiones realizadas por el acusado en agravio de la Doctora fueron en una zona del cuerpo donde se encuentran órganos vitales, trivializó el ataque precisando que los hematomas y escoriaciones producidos se trataban de simples moretones y raspones en su costado derecho. Aunque la asesoría victimal realizó preguntas tendientes a que la médica pudiera explicar si estas lesiones pudieron privar de la vida a la Doctora en caso de que no se hubiera evitado que el acusado continuara con la conducta, el Tribunal calificó de impertinentes las mismas.
¿A quién o a quiénes protege esta trama y la banalización de un ataque con arma blanca a una defensora de derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres? ¿El mensaje del tribunal equivale a autorizar este tipo de ataques contra las y los defensores de derechos humanos o contra la ciudadanía? ¿O es que estaremos en la antesala de una escalada protegida de la impunidad?