Activistas en Yucatán buscan elevar la pena por feminicidio a 80 años, en vez de 50, pues a pesar de haber casos que han presentado todas las agravantes los jueces no han decretado la pena máxima.
Ayer, las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género se reunieron con mujeres activistas de diferentes organizaciones sociales, además de representantes del Poder Judicial. En la reunión se abordaron diferentes temas como el feminicidio, la violencia institucional, garantizar el derecho a la salud de mujeres agredidas, el aborto y el (espinoso) matrimonio igualitario.
Según expuso la presidenta de la Comisión, Milagros Romero Bastarrachea (MC), la idea de la reunión es concretar, con las propuestas de las organizaciones, la agenda legislativa que tendrá la comisión.
Adelaida Salas Salazar, del Observatorio del Feminicidio en Yucatán, propuso que se eleve la pena máxima del delito de feminicidio a 80 años y no a 50, como actualmente está. Lo anterior porque –dijo– en ningún caso se ha alcanzado la pena máxima, aunque haya todas las agravantes y porque los agresores se van a juicios abreviados y las familias de las víctimas muchas veces no tienen elementos para decir que no.
El doble
Asimismo propuso que, si el feminicidio se comete en menores de edad o en personas de la tercera edad, que la pena sea del doble.
Dijo en este tenor que ya se han presentado tres casos de menores asesinadas y también ya hay casos que se han presentado en los que las víctimas son mujeres de 70 u 80 años.
Además, propuso que también se tipifique el feminicidio en grado de tentativa, pues consideró que es un problema grave que actualmente no aparece en cifras, porque los casos que se presentan se procesan como agresiones o ataques con lesiones.
Destacó que tomar medidas es urgente, porque Yucatán ocupa el séptimo lugar en el país en casos de violencia física hacia las mujeres.
La activista Teresita Campos Ancona pidió que se actúe para hacer cumplir la norma 046, que tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.
Embarazo forzado
La investigadora de la UADY, Ligia Vera Gamboa, reiteró que muchas mujeres no denuncian las violaciones sexuales que las llevan a tener un embarazo forzado, por lo que para revertir esta situación es necesario estar pendientes de que la norma antes mencionada se cumpla a cabalidad.
La directora del Instituto de la Mujer en el Ayuntamiento de Mérida, Fabiola García Magaña, agregó que cumpliendo el mecanismo o el protocolo de autorizar a un hospital público a brindar los servicios de salud a cualquier mujer violentada, puede ser de mucha ayuda para alentar la cultura de la denuncia.
Nancy Walker Olvera, de la asociación civil “Kookay”, indicó que se deben hacer normas con lenguaje con perspectiva de género, al igual que instó a los diputados a trabajar sobre el matrimonio igualitario.
En respuesta, la diputada Karla Franco Blanco (PRI) recordó que la semana pasada la LXII Legislatura aprobó un dictamen para el lenguaje inclusivo en todo el marco jurídico de los tres órganos de gobierno, por lo que ahora los legisladores entrarán en una fase de actualización para las leyes secundarias.
No a las consultas
Sobre el matrimonio igualitario, la diputada mencionó que pronto comenzará su proceso legislativo en la comisión que preside, Puntos Constitucionales y Gobernación, y que se escuchará a las partes que han solicitado participar como parte del protocolo de Parlamento Abierto.
La activista Campos Ancona dijo que, para este caso, no se deben hacer consultas públicas, pues señaló que los derechos humanos no están sujetos a consulta.
Romero Bastarrachea recalcó que no todo ejercicio parlamentario es consulta, sino es una práctica para escuchar las opiniones de los ciudadanos, pero la decisión, con base en los comentarios, es por parte de los diputados a través de un dictamen.
(David Rico)