Codhey exhorta nuevamente a convertirlas en espacios dignos y seguros
El ombudsman Miguel Oscar Sabido Santana reiteró ayer que el mejoramiento de las cárceles municipales, más que de recursos económicos, requiere de la voluntad de las autoridades de ese nivel y dejó en claro que no pide “hoteles de lujo”, sólo espacios dignos, así como garantizar la integridad e incluso la vida de las personas que hayan cometido alguna falta.
Acanceh, Dzan, Kaua, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab y Yobaín son municipios que notoriamente requieren un cambio de edificio de sus cárceles, debido a que las instalaciones en donde se encuentran actualmente están en muy mal estado y no garantizan la seguridad de los arrestados.
En contraste, los municipios de Teya y Opichén realizaron cambios de sede y de infraestructura, con lo que mejoraron considerablemente las condiciones para la estancia de las personas detenidas.
Señaló que las condiciones materiales de las áreas destinadas para la detención en general deben encontrarse limpias y ser de tamaño razonable para el número de personas que sean destinadas, además de contar con iluminación adecuada, así como con medios para descanso, como pueden ser planchas de cemento, bancas fijas, así como servicios sanitarios higiénicos.
Preocupante diagnóstico
Al transcurrir casi el primer cuatrimestre del año, reiteró que aún el 68% de las 106 cárceles municipales de Yucatán aún no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, tanto en infraestructura como en procedimientos, dejando en estado de indefensión muchos de los derechos de los arrestados a pesar de las reiteradas peticiones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha hecho a los Ayuntamientos.
El diagnóstico de las cárceles de los municipios es el resultado de una investigación realizada durante el 2018 por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos.
El 81% de las cárceles tiene planchas de cemento para el descanso; sin embargo, las condiciones materiales en su mayoría no son las óptimas, puesto que se han encontrado rotas, con exposición de varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc.
Respecto a las instalaciones sanitarias, es importante hacer mención que el 63% de las cárceles municipales no cumple con esta norma, incluso, en algunas únicamente hay agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado general que predominan en las celdas. Un ejemplo claro está en las cárceles municipales de Chemax, Ticul, Tecoh, Kaua y Dzan. La mayoría de los sanitarios interiores carecen de privacidad alguna, ya que las tazas sanitarias quedan expuestas a la vista de cualquier persona que se encuentre en el área.
Deterioro notable
El 20% de las cárceles cuenta con instalaciones sanitarias en su interior y, de este porcentaje, únicamente en 7 municipios fue verificable que contaban con agua corriente, como son Mérida, Valladolid, Tizimín, Suma de Hidalgo, Buctzotz, Opichén y la Secretaría de Seguridad Pública.
De las condiciones de mantenimiento e higiene de las cárceles, un número importante de los espacios coinciden en un deterioro notable en techos y paredes que ya están desprendidos, con pintas o grafitis, pisos de tierra, rejas de madera que impiden el paso de luz al interior, orificios de desagüe producto de que las tazas sanitarias hayan sido arrancadas, restos orgánicos en paredes y suelo de las celdas, basura, restos de comida, fauna nociva como cucarachas, arañas, moscas y roedores.
Asimismo, la falta de normatividad de los municipios para aplicar las sanciones por faltas administrativas deja al criterio del personal policiaco, así como por los usos y costumbres de sus comunidades.
De los 106 municipios, únicamente el personal de 33 sabe que cuentan con Bando de Policía y Buen Gobierno.
Los desvisten
Otra práctica señalada como violatoria de los derechos humanos por la Codhey, pero que se aplica de manera recurrente, es desvestir a los arrestados en el momento de su ingreso a las celdas; operación que va desde el retiro de la camisa hasta el despojo total de la ropa, incluyendo la interior en algunos casos, con la justificación de prevenir suicidios de las personas que se encuentran altamente intoxicadas.
La Codhey ha reiterado que, para prevenir suicidios o que las personas pongan en riesgo su integridad, es necesario contar con vigilancia permanente de los detenidos a fin de que pueda advertirse a tiempo alguna situación que comprometa su salud.
Respecto a los registros de ingreso o egresos, el 66% de las cárceles municipales no realiza este procedimiento y, del 44% que lo hace, el 75% está incompleto.
Los registros deben llevarse en un libro foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que lo pone a disposición, hora de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.
Se dio un caso durante las inspecciones que, al llegar el personal de la Codhey, se percató que en una cárcel municipal había un sujeto abandonado porque el guardia que lo recibió no lo reportó a su sustituto y el que entró a cubrir el turno tampoco revisó qué había en la cárcel.
(Rafael Gómez Chi)