Rolando Bello Paredes
Bocadillos
Una, sensacional, es el famoso “memorándum” presidencial, ampliamente publicitado (POR ESTO! 17 abril 2019), que solicita a los secretarios de Gobernación, de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. Las opiniones calificadas y otras rechazaron la “instrucción” presidencial. Dos destacadas: El Ministro en retiro José Ramón Cossío: “Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica”. El constitucionalista Miguel Carbonell: “No cita ninguna (ni una sola) norma jurídica que sostenga su instrucción y, por el contrario, deja sin efecto el texto constitucional expreso. Requiere asesoría jurídica con urgencia”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento ante el “memorándum”, en uno de sus puntos, fue lapidario: “Nada debilita más al Estado de Derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.
El “memorándum” presidencial es la cereza que corona el caótico “pastel” del proceso de la (contra) reforma educativa para dar término a la “mal llamada reforma educativa”, como gusta referir el titular del Ejecutivo federal, ante la tozuda oposición de la CNTE. Esta busca especialmente dos cosas: las plazas magisteriales y el ingreso ipso facto de los egresados de las escuelas normales al sistema educativo nacional. Todo sin concursos de oposición ni evaluaciones. Nada de mérito, todo por antigüedad y lealtad sindical, se asegura. El “memorándum” pide:
1). “Dejar sin efecto” las disposiciones constitucionales y legales de la reforma educativa de 2013. Esto es legalmente imposible de hacer por el solo deseo presidencial, sin arrojar consecuencias de responsabilidades jurídicas para los secretarios que obedezcan la “instrucción” presidencial. Es obvio, la Constitución es la Ley Suprema nacional. Nada está por encima de ella. Todos los servidores públicos, desde el titular del Poder Ejecutivo y sus secretarios de despacho, han protestado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Incumplir las normas constitucionales y legales, sería, como señaló el escritor Federico Reyes Heroles, “una subversión del Estado de derecho” (Excélsior 23 abril 2019).
2). Que la nómina del sector educativo “quedará bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” (SHCP). No se entiende esta “disposición” presidencial. El control de la nómina de los profesores federales ya está a cargo de la SHCP, por conducto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que administra la propia SHCP, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. La SEP se encarga de pagar a nombre y cuenta de los estados, los salarios de los profesores federales o federalizados, previa solicitud que hace a la Tesorería de la Federación. Así, el “memorándum” es una orden reiterada de lo que ya señala la ley de la materia, deviene entonces en una orden absurda.
3). Que la SEP reinstalará a educadores cesados por la aplicación de evaluaciones “punitivas”. Habrá que ver los procesos administrativos y/o laborales que ejecutará la dependencia educativa para “reinstalar” a los profesores. En su caso, también habría que estar atento a si pagará o no, los salarios y demás prestaciones no percibidos durante el lapso que haya durado cada “cese” laboral. Tampoco es clara en este sentido la “instrucción” presidencial. Esta decisión sería en perjuicio del presupuesto educativo y del principio de legalidad de los actos administrativos de la SEP.
En estos dos últimos casos, incisos 2) y 3), ¿qué sucederá con los profesores de los sistemas estatales, como el de Yucatán? La SHCP también ¿pagará los salarios y prestaciones de éstos, ya no los estados? ¿Esto será el inicio de la centralización de todo el sistema educativo nacional, en detrimento de la soberanía estatal? Y los casos de profesores estatales “cesados”, ¿los reinstalará la SEP o las dependencias educativas de los estados? Habrá que esperar otro “memorándum” presidencial para aclarar estas cuestiones.
4). Sobre la libertad de los “maestros y luchadores sociales”, que refiere el “memorándum”, es un asunto del orden penal, competencia de las fiscalías y de los ministerios públicos, y de los jueces de la materia, no de la Secretaría de Gobernación. La Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, hoy titular de la dependencia ejecutiva, bien lo sabe.
Así pues, el “memorándum” presidencial es en realidad una “jalada” de la 4T.
La otra, fue el anuncio presidencial de cargos inexistentes legalmente, como el de “comandante de la Guardia Nacional”, cuya estructura orgánica y de dirección, estará determinada por la ley, que aún no existe en el orden jurídico nacional.
Estas “jaladas” son escritas, por supuesto, “sin ofender a nadie, con todo respeto”.
“Alcahuetes”. El presidente afirma que los críticos de su memorándum, son unos “alcahuetes”. La descalificación: “Se rasgaron las vestiduras, un escándalo cuando ellos fueron alcahuetes, cuando se impuso, hasta con la fuerza la mal llamada reforma educativa” (La Jornada 23 abril 2019).
Los Bocadillos no duermen. Tiene dudas. Necesitan, con urgencia, otro “memorándum”, para saber si son o no, “alcahuetes presidenciales”. Lo esperarán sentados, por supuesto.
(Contra) reforma educativa. Con la aprobación de la (contra) reforma educativa en la federal Cámara de Diputados, el “memorándum” presidencial, es de suponerse, será arrojado a la basura de los papeles palaciegos, aunque no ahora, sino hasta que concluya el proceso legislativo de reforma constitucional. En efecto, el dictamen de reforma pasará a la Cámara de Senadores, para su aprobación, y luego a las legislaturas de los estados; finalmente, a la promulgación ejecutiva y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En siguientes Bocadillos se abordará la modificación constitucional en materia educativa, por ahora, se destaca lo siguiente:
1). El ingreso o admisión, la promoción y ahora el reconocimiento, “se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales”, además, “considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.
El texto vigente remite a concursos de oposición que “garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. La CNTE exige el “pase automático” de los egresados de las escuelas normales a una plaza educativa, sin concursos o evaluaciones ni “procesos de selección”.
2). El lío de las plazas magisteriales continuará con la modificación constitucional, al estar afectado de ambigüedad, uno de los artículos transitorios del decreto aprobado por los diputados: Que “los derechos laborales se regirán por el Artículo 123, Apartado B, de la Ley Suprema”; pero que “con fundamento en el decreto (de la reforma educativa) la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros” (sic). El titular de la SEP dijo que “el control de las plazas las mantendrá el Estado” (La Jornada 25 abril 2019).
3). Se crea el “Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”, en lugar del actual Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El primero sería coordinado por un “organismo público descentralizado”, y el segundo, por un organismo público autónomo: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En su saludo a la aprobación inicial de la (contra) reforma educativa, el presidente de la República afirmó, en su “mañanera” del jueves 25: “No va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de intereses creados. Esto es otra cosa, es un cambio por completo. No va a haber entrega de dinero a dirigentes para mantenerlos quietos, no va a haber maiceo, no va a haber maíz con gorgojo”.
La CNTE rechazó la aprobación legislativa de la Cámara baja del Congreso federal, “no estamos contentos y no avalamos el dictamen ni la reforma”; y el SNTE sí la apoyó, ya que “contiene 80% de sus propuestas”, presentadas durante las consultas del Poder Legislativo” (Animal Político 26 abril 2019).
El INEE, que desaparecerá una vez en vigor la reforma constitucional, “advirtió que en materia de evaluación educativa, México está dando un paso atrás, y podría dar inicio a una etapa de desmantelamiento de sus capacidades técnicas para diagnosticar, informar y acompañar procesos educativos y su mejora” (La Jornada 27 abril 2019).
Tardeada dominical. El escritor español Daniel Heredia, en su reportaje “Diez libros sobre libros (III), en portal Zenda (21 abril 2014), recuerda a Pío Baroja:
- “El bibliófilo es por naturaleza un bicho raro”.