La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formalizaron el grupo institucional para regular y vigilar la venta y uso de plaguicidas, sustancias tóxicas y nutrientes vegetales.
Se firmó un acta constitutiva para modernizar el marco regulatorio y la gestión de plaguicidas, y atender la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para restringir su uso.
POR ESTO! publicó en su edición del 11 de enero que las dependencias atenderían a la Recomendación, porque no han cumplido con la obligación de restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general.
Con fecha 26 de diciembre del 2018, la CNDH emitió a través de su presidente, Luis Raúl González Pérez, la Recomendación 82/2018 en la que plantea el problema regulatorio de estos productos que están prohibidos y son utilizados sin discriminación.
El documento entregado a cada una de las dependencias plantea que los pesticidas son sustancias para prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos que son nocivos para los cultivos y el auge en su uso fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de los años cincuenta se reportó que causaban daño a la salud por su toxicidad y comenzó la regulación.
La propia Cofepris e investigadores del Cinvestav han documentado los efectos en la salud, el efecto en suelo y agua sobre el uso de pesticidas.
Sin embargo, las propias autoridades han respondido que no tienen la infraestructura ni los recursos para verificar que no se usen.
POR ESTO! ha publicado sobre estudios de la UADY que señalan que han encontrado rastros de pesticidas en la leche materna de mujeres del campo.
El objetivo
El objetivo será garantizar la debida coordinación entre autoridades, el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la regulación de la gestión de los plaguicidas, la identificación de aquellas sustancias que resulten peligrosas para el medio ambiente y/o para la salud, para el establecimiento de regulaciones y medidas efectivas de prevención y/o mitigación de los posibles daños ocasionados por su uso.
De acuerdo con la Cofepris, la Ley de Plaguicidas es una demanda social, por lo que su atención e implementación fortalecerán la confianza de la población en las instituciones federales.
Plazo máximo
“En un plazo máximo de seis meses posteriores a la aceptación de esta recomendación, se identifiquen los permisos o registros sanitarios de plaguicidas vigentes que incluyan sustancias prohibidas conforme a algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, plaguicidas altamente peligrosos.
“En tres meses, se diseñe y se ponga en marcha un programa de brigadas de salud periódicas calendarizado en las zonas agrícolas del país, para brindar servicios de atención médica a personas con intoxicaciones por el contacto con plaguicidas, que incluya campañas específicas para los grupos vulnerables”.
Finalmente se deberá llevar a cabo una campaña de educación, orientación y concientización sobre el uso responsable y seguro de los plaguicidas, dirigido al sector agrícola.
(Verónica Martínez)