Ana María Ancona Teigell
Todo lo vence el hombre,menos el hambreSéneca
Nos preocupa mucho qué va a pasar con todas las personas que tienen sus puestos en el mercado, los “viene, viene” de los estacionamientos, los cerillitos de los supermercados que son adultos mayores y uno de los sectores más vulnerables, los vendedores ambulantes, los que tienen sus puestos en la calle y no pueden dejar de trabajar porque si no, su familia no tiene para comer ese día, para pagar sus gastos, no tienen un sueldo base, ni seguridad social.
Aunque nuestro Gobierno está velando por nuestra salud y se están tomando todas las medidas necesarias para afrontar el coronavirus, ¿han pensado en ellos?
Los vendedores ambulantes son un componente integral de las economías urbanas alrededor del mundo. La venta ambulante es una fuente importante de empleo en muchas ciudades; el trabajo de los vendedores callejeros genera ingresos para las empresas formales y los Gobiernos Municipales; la actividad económica generada a través del comercio callejero contribuye al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. En México esta actividad ha servido para la población más desfavorecida como una ocupación de refugio y supervivencia ante la escasez o deterioro de las opciones laborales en los sectores formal, urbano y rural; sin embargo, para ciertos grupos sociales, ha operado como una opción microempresarial para lograr movilidad económica y social.
Los adultos mayores que trabajan como cerillitos en los supermercados, se han visto obligados a seguir trabajando porque las pensiones de miseria que les dan no alcanzan a cubrir ni las necesidades básicas o, simplemente, no tienen una. No tienen ningún derecho laboral, ni salario.
Frente a esta situación es necesario preguntarse no sólo por qué existen este tipo de trabajos, que son presentados como empleos que dan empresas dizque preocupadas por darles una oportunidad a los adultos mayores, quienes se ven obligados a seguir trabajando y la mayoría de ellos son explotados sin que la Secretaría del Trabajo tome cartas en el asunto y los reconozca como trabajadores.
Los niños que se ven forzados a dejar el colegio y cambiar sus uniformes por los de un supermercado para poder apoyar en la economía de casa para que le alcance el dinero a su familia para pagar lo básico (comida, luz, agua, ropa), y que se quedan sin seguir asistiendo al colegio, manteniéndolos en la ignorancia que no les dará un futuro mejor.
Nuestro Gobierno tiene que apoyarlos y brindarles de alguna manera esa ayuda económica que van a necesitar cuando el virus esté en su punto más álgido y no puedan ir a trabajar, y más cuando son adultos mayores, los más frágiles para que el contagio los alcance.
El Gobierno apoya a los jóvenes emprendedores, a las mujeres empresarias, a las micro y medianas empresas. Quizás los vendedores ambulantes, los “viene, viene”, los que ponen sus puestos en las calles, no sean bien vistos por la sociedad y autoridades porque están en todas partes, pero hay que apoyarlos, porque hasta el día de hoy, pueden seguir en las calles, pero las próximas semanas no sabemos. Así como a los adultos mayores, a los cerillitos, que se merecen una vejez digna y no estar partiéndose el lomo trabajando en los supermercados. Eso es un tema que hay que poner sobre la mesa y buscar lo mejor para ellos, son las víctimas de la esclavitud del siglo XXI, son esclavos de los trabajos mal pagados y de las pensiones que no alcanzan para nada. Ellos están siendo maltratados por la explotación de sus jefes que están endiosados con el dinero, su avaricia lo quiere todo para ellos, no entienden lo que es ganar-ganar, ellos practican el ganar-perder, y los que pierden son sus trabajadores.
El Gobierno de Yucatán no puede permitir que se mueran de hambre por no poder trabajar.
Hace años que tenemos un virus que se llama hambre, que mata cada día a 8,500 niños y niñas, y la vacuna existe, se llama comida, pero esas noticias no salen en los medios. No sumemos al coronavirus el virus del hambre para millones de hermanos mexicanos y yucatecos, sumemos esfuerzos para que estén tranquilos y seguros, aunque no trabajen. Es una obligación y un compromiso moral y humanitario que tenemos, Gobierno y sociedad, con todos ellos, de velar para que no les falte lo básico para vivir.