Campesinos del ejido de Baca acudieron la tarde de ayer al Tribunal Unitario Agrario 34 para denunciar que personas ajenas a la población, en complicidad con el comisario ejidal Marcelo Matú, los han despojado de cuando menos 30 hectáreas de tierra comunal.
Aseguraron que el “robo” se ejecuta con la anuencia de la Policía Municipal, cuyos agentes intimidan a los verdaderos propietarios de los terrenos.
Isidro Pech, uno de los afectados, aseguró que una persona de apellido Yáñez Castro se apoderó de una superficie de 30 hectáreas, en perjuicio de 17 ejidatarios; asegura que legalmente no puede haber una operación de compra-venta, porque se trata de propiedad comunal.
No es la primera vez que ejidatarios yucatecos reclaman la supuesta compra ilegal de terrenos, incluso funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acudieron recientemente a Dzemul para verificar daños causados a terrenos ejidales por parte del empresario Rodrigo Rosas Cantillo, quien asegura que la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco le vendió 800 has. En tanto, en Hunucmá los habitantes demandan despojo de tierras por parte de la empresa avícola Bachoco, que incluso se apropió de vía pública.
Isidro Pech comentó que acudieron al Tribunal para “que este órgano nos ayude conforme a derecho, porque es lo único que pedimos: que nos respeten el ejido de uso común y esa persona que la saquen de esas tierras”, comentó.
Recalcó que esta familia no solo alega que compró tierras de uso común, sino que además poco a poco se han adjudicado más tierras, incluso de ejidatarios que trabajan sus terrenos con apoyo del programa “Sembrando vida”; “cuando fueron a ver sus terrenos estos ya tenían alambrado, e incluso los intimidaron a varios de ellos para que les tuvieran miedo”.
“Hace aproximadamente un año, uno de los compañeros estaba en su ejido y, de la nada, llegó la Policía Municipal, lo detuvo y se lo llevó detenido supuestamente porque la tierra en que trabajaba era propiedad privada. Intervenimos todos para decir que eso no era cierto. Igual a mí, hace 6 meses me detuvo la Policía Municipal en el camino de mi ejido, me llevaron hasta Progreso, fui secuestrado por nada e incluso demandé a los policías en Derechos Humanos”, explicó.
Recalcó que, hasta el momento, los Yáñez no han podido comprobar legalmente que han comprado la propiedad, pero ellos tienen medidas cautelares que señalan que ellos no pueden ser perturbados en su posición; “sin embargo, aun así nos siguen intimidando para que no trabajemos esas tierras, pese a la autorización incluso del mismo Tribunal Agrario”.
Explicó que son 17 personas afectadas en esa zona, quienes solicitaron la presencia del comisario ejidal Marcelo Matú Estrella, para que dé su punto de vista, sin embargo, “se vendió”; “algo que es triste y vergonzoso para el pueblo y que más adelante causará problemas entre nosotros”.
“El señor comisario no tiene definición, no conoce la ley agraria donde menciona que el uso común no se puede vender”, expuso.
Manuel Cauich Poot, uno de los afectados, comentó que el sábado pasado también lo sacaron de sus tierras, pero antes ya le habían robado tres mil 500 metros cúbicos de material tipo base que tenía acumulado; le arrancaron 100 plantas de pitahaya, entre otros sembrados, algo que le ha afectado por lo que optó por cambiarse de lugar, no por miedo, sino, por precaución.
Finalmente, aunque esperaban a que hubiera una resolución por error, por no entregársele una copia de la demanda al comisario, la reunión en el Tribunal Agrario se pospuso para el próximo 8 de febrero del 2023.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
AA