El desarrollo turístico acelerado y sin regulación en el Litoral Oriente está generando una crisis ambiental y social en los principales puertos de la región.
La expansión inmobiliaria, motivada por inversiones extranjeras y la falta de una política clara de tenencia de la tierra, ha puesto en riesgo ecosistemas únicos como los humedales y zonas de anidación del flamenco rosa, además de provocar el desplazamiento de comunidades locales.
El biólogo Julián Rojas advirtió que el avance desordenado del turismo en estos puertos tiene impactos severos sobre la biodiversidad y los habitantes originarios.
“El crecimiento desmedido afectará seriamente a dichas comunidades. La zona donde anida el flamenco rosa, por ejemplo, está siendo invadida por construcciones hoteleras”, señaló.
Uno de los principales problemas es la indefinición legal de los terrenos en esta región. A pesar del Decreto Presidencial de 1979 que creó el Refugio Faunístico de Ría Lagartos, nunca se estableció de manera clara a quién pertenecían las tierras ni si el Gobierno contemplaba indemnizaciones o expropiaciones.
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Actualmente, en la Reserva existen diversos tipos de propiedad: privada, 7,510 hectáreas; Terrenos nacionales, 16 mil 837 hectáreas; Dotación ejidal, 22 mil 315 hectáreas; Zona federal marítimo-terrestre, 480 hectáreas y Zona concesionada para producción de sal, 5 mil hectáreas.
Algunas zonas como El Cuyo, San Felipe y Río Lagartos cuentan con terrenos ejidales, mientras que otras áreas, como Las Coloradas, se formaron por concesiones privadas, como las otorgadas por Roger Roche Díaz a los trabajadores de la empresa salinera.
En El Cuyo, la situación es crítica. La construcción acelerada de hoteles para recibir turismo internacional está destruyendo hábitats sensibles y aumentando la presión sobre los servicios básicos. Además, la costumbre de no respetar la dotación original de tierras ejidales agrava el problema.
Actualmente, la Procuraduría Agraria realiza programas de certificación de derechos ejidales en la zona, pero el avance inmobiliario no se detiene. Los precios de los terrenos en zonas costeras se han disparado, llegando hasta 25 millones de pesos por un lote de 10 con 40 metros, adquiridos principalmente por inversionistas japoneses, franceses, italianos y estadounidenses.
Esta especulación inmobiliaria podría replicar fenómenos ya vistos en otras regiones turísticas, como el desplazamiento de habitantes locales y la pérdida de la paz comunitaria.
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El Gobierno ha decretado la creación de varios Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE), como San Francisco, San Salvador, La Laguna, Santa Rosa Concepción, Nuevo Tekal y Nuevo Mundo. Sin embargo, muchos de estos sitios existen solo en papel, ya que nunca fueron ocupados por los promoventes, debido a las características desfavorables del terreno.
Uno de los casos más delicados es el de Petén Tucha, un área de alta biodiversidad incluida dentro del polígono de un NCPE. La falta de delimitación física de la Reserva ha permitido la venta irregular de terrenos ejidales y nacionales, lo que fomenta la destrucción ambiental.
En San Felipe y Río Lagartos, la destrucción del manglar es evidente. El crecimiento de asentamientos humanos y la necesidad de espacio para nuevas viviendas han sido excusas de las autoridades para justificar la devastación. En muchos casos, los humedales se rellenan para dar paso a construcciones, afectando gravemente la flora y fauna local.
Las playas y dunas costeras mejor conservadas dentro de la Reserva se encuentran en terrenos de propiedad privada, los cuales están siendo vendidos al mejor postor, sin considerar su valor ambiental.
Además del daño ambiental, el avance descontrolado del turismo también afectará el tejido social de las comunidades. El encarecimiento de servicios y productos de primera necesidad podría expulsar a los habitantes originales, como ha ocurrido en otros destinos turísticos masificados.
La contaminación de la ría y el mar, el aumento en la generación de residuos y la saturación de servicios básicos son sólo algunas de las consecuencias de este modelo de desarrollo centrado en la especulación inmobiliaria y la falta de planeación.
El Litoral Oriente de Yucatán está ante una encrucijada. El desarrollo turístico puede traer beneficios económicos, pero si no se regula adecuadamente, sus consecuencias serán irreversibles para el medio ambiente.