A la administración del alcalde Adrián Quiroz Osorio se le siguen acumulando frentes abiertos: además de las crecientes dudas sobre el manejo de los recursos de la localidad, ahora enfrenta una exigencia legal que podría costarle sanciones, multas y hasta su propio cargo debido al presunto incumplimiento del pago de salarios a seis excomisarios municipales.
El conflicto no es reciente, pero estalló nuevamente esta semana. Desde la pasada administración (cuando aún gobernaba el panista Pedro Couoh Suaste) los excomisarios de Cabichén, Sucopo, Colonia Yucatán, Benito Juárez, Santa Ana y La Libertad emprendieron un proceso legal para reclamar sueldos que aseguran haber devengado. Actualmente, una sentencia firme del Tribunal Electoral del Estado establece que cada uno debe recibir 220 mil pesos, lo que suma aproximadamente 1.3 millones de pesos a pagar por el ayuntamiento.
El abogado Filiberto Arjona Canul, representante de los excomisarios, afirmó que el Ayuntamiento de Tizimín ha ignorado la resolución judicial, pese a que esta ya no admite recurso alguno.
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“El municipio simplemente no muestra voluntad de cumplir; no hay el menor interés de pagar”, dijo tras una reunión sostenida el lunes con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Torres López.
Ante lo que consideran un claro desacato, los denunciantes pidieron al Tribunal que ordene medidas de apremio, que van desde sanciones económicas hasta la eventual destitución del alcalde como representante legal del municipio, si la negativa persiste.
La ironía no pasó desapercibida entre los habitantes de Tizimín: uno de los que impulsó la denuncia en el trienio anterior fue el ahora regidor morenista Edgar Rivero Cob, quien incluso acompañó a los comisarios en sus trámites iniciales. Ahora, el litigio que ayudó a arrancar golpea de lleno a su propio partido.
Mientras la administración enfrenta esta presión judicial, otro frente se abrió en el Cabildo.
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Días atrás, tres regidores, entre ellos uno de Morena, Enrique Chávez Castillo, rechazaron el informe de la cuenta pública correspondiente a septiembre. Su argumento: gastos inflados, montos sin desglosar y más de siete millones de pesos ejercidos sin explicación.
El hallazgo que más llamó la atención fue un salto de 14 a 21 millones de pesos gastados en un solo mes (del 1 al 30 de septiembre) sin que la administración diera un informe detallado de a dónde fue ese dinero.
Tampoco pasó desapercibido el supuesto gasto de 1.3 millones de pesos en “apoyos sociales”, sin listas, criterios ni evidencia sobre quiénes recibieron esos beneficios.
Con una sentencia firme por incumplir, recursos públicos sin explicar y divisiones dentro del propio Cabildo, el panorama para Adrián Quiroz se complica. Los excomisarios confían en que el Tribunal actúe de inmediato, mientras la oposición y parte de su mismo partido exigen mayor claridad en el uso de los recursos municipales.
