El caso del ecocidio ocurrido en la Reserva Biocultural del Puuc, donde fueron arrasados más de 10 kilómetros de selva virgen, dio un nuevo giro el pasado jueves con la clausura oficial de la zona devastada. Sin embargo, nuevas revelaciones apuntan a que este conflicto ambiental no es reciente, sino parte de una disputa de años atrás en torno a uno de los pulmones ecológicos más importantes del Estado y del Sureste del país.
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De acuerdo con la ambientalista Teresa Vaught Charruf, representante del Consejo Ciudadano por el Agua en Yucatán, la zona donde ocurrió la devastación ya había sido blanco de interés inmobiliario por parte de grandes empresas turísticas. En entrevista exclusiva con POR ESTO!, Vaught recordó que, hace algunos años, una conocida cadena hotelera con parques “todo incluido” en la Riviera Maya intentó desarrollar un megaproyecto ecoturístico en el área, ubicada a solo tres kilómetros de la zona arqueológica de Uxmal.
“El sitio ha sido codiciado por su ubicación estratégica: está en plena selva y muy cerca de Uxmal, la segunda zona arqueológica más importante del estado. Eso lo convierte en un imán para el negocio turístico disfrazado de ecoturismo”, señaló.
Este antecedente, hasta ahora poco difundido, contextualiza de manera más amplia la presunta intervención ilegal del empresario Omar Sánchez Sáenz, señalado por la devastación reciente en el predio conocido como “Rancho Uxmal”.
Según la denunciante Patricia Elena Tejera Álvarez, propietaria del terreno, Sánchez ingresó con maquinaria pesada para talar árboles centenarios, destruir vestigios arqueológicos y alterar ecosistemas esenciales para especies como el jaguar, el tigrillo y el ocelote.
Un daño profundo
Tanto la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc) como la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán han confirmado oficialmente los daños ambientales. Un oficio firmado por Minneth Medina García, titular de Jibiopuuc, detalló que se afectaron hábitats de al menos 20 especies, incluidos polinizadores clave para la regeneración del ecosistema.
Además, Neyra Silva Rosado, titular de la SDS, advirtió que aunque su dependencia no tiene facultad legal para sancionar, trabaja junto con la Profepa para evaluar los impactos ecológicos y establecer medidas de restauración.
“El ecocidio ocurrió en una de las áreas más valiosas de la península. Es un pulmón natural y cultural de Yucatán”, declaró.
Vaught Charruf, por su parte, calificó el hecho como “alarmante y sistemático”. “No es un caso aislado. Ecocidios como este se reportan todos los días, pero muy pocos voltean a ver. La Reserva del Puuc alberga cinco de las seis especies de felinos de México.
Destruir este lugar es destruir vida, historia y futuro”, subrayó.
Exigencia de justicia
El jueves, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañado por la Guardia Nacional, colocó sellos de clausura en toda el área afectada. Fue el inspector federal Alex Ariel Chan Tun quien encabezó el operativo, impidiendo así nuevas intervenciones en la zona.
“Este es solo el primer paso, pero marca un precedente. Lo que sigue es que la Profepa determine formalmente a los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes”, declaró Patricia Tejera a POR ESTO!.
La afectada reiteró que continuará con las denuncias hasta las últimas consecuencias, incluyendo la posible complicidad de funcionarios públicos: “No es sólo contra los empresarios. Vamos también contra cualquier autoridad que haya permitido esta barbarie”, afirmó.
Finalmente, Vaught hizo un llamado tanto a las autoridades como a la sociedad: “Estamos ante una emergencia planetaria. Es momento de convertir en verdaderos santuarios nuestras áreas protegidas, con acciones reales, no con discursos. Cuando un empresario destruye así, eso no es desarrollo: es delincuencia empresarial organizada”.
La ciudadanía local ha comenzado a documentar lo ocurrido con videos y fotografías, como parte de un movimiento social en defensa del medioambiente.
JGH
