La costa de Yucatán enfrenta una contradicción profunda. Por un lado, es vitrina de desarrollo turístico, polo de atracción de inversiones y espacio privilegiado para la recreación. Por el otro, se ha convertido en terreno fértil para redes de corrupción que, desde los gobiernos municipales, operan impunemente bajo el disfraz de la autoridad legal.
El reciente episodio de clausuras ilegales en la carretera Progreso–Telchac Puerto no es más que la confirmación de que estas prácticas, lejos de haberse erradicado, hoy se reciclan con nuevos actores, pero con las mismas viejas fórmulas.
La figura central de esta red de abusos es el alcalde de Dzemul, José Wilberto Willy Flota Aké, reelecto en 2024 con Movimiento Ciudadano y conocido en la región no por su compromiso con el bien público, sino por una serie de escándalos que lo relacionan con extorsiones, despojo de bienes comunales, manejo opaco de recursos públicos y con una peligrosa expansión de su modelo de control hacia municipios vecinos como Telchac Puerto.
No se trata de simples acusaciones sin fundamento. La Auditoría Superior del Estado ha señalado al edil dzemuleño por no poder justificar el uso de más de 29 millones de pesos del erario. A eso se suman las múltiples denuncias ciudadanas que lo acusan de operar el municipio como si se tratara de su empresa privada, condicionando trámites y permisos al pago de sobornos, elevando impuestos sin justificación y permitiendo la invasión de tierras ejidales.
Pero la estrategia de Flota no se detiene en los límites de su municipio. Su operador jurídico, Ariel Omar Herrera Flores, ha sido pieza clave en la expansión de estas prácticas. Además de asesorar legalmente a Dzemul, Herrera ha sido incorporado como asesor jurídico del Ayuntamiento de Telchac Puerto, presidido por Edmundo Alfonso Núñez, del PRI.
Desde ahí, ha replicado el mismo modelo: uso discrecional de facultades legales, aplicación de clausuras arbitrarias, cobros ilegales y presión a empresarios locales.
Acción ilegal
El caso más reciente lo ilustra con claridad. El pasado fin de semana, en el arranque de la temporada vacacional, inspectores de Dzemul encabezados por Herrera clausuraron varios establecimientos ubicados en el kilómetro 27 de la carretera Progreso–Telchac Puerto.
Lo hicieron sin notificación previa, sin fundamento legal y fuera de su jurisdicción, ya que el predio pertenece legalmente al municipio de Progreso, como lo confirmó el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (Injesupy). Afortunadamente, la Secretaría de Seguridad Pública intervino de inmediato, retiró los sellos y frenó la arbitrariedad.
Desafortunadamente, la corrupción en la costa yucateca no es un fenómeno nuevo. Uno de los antecedentes más graves es el caso de la mafia inmobiliaria encabezada por Mario Peraza Ramírez, quien desde el Catastro del Estado durante el sexenio de Rolando Zapata Bello operó un esquema ilegal para apropiarse de tierras.
A través de la creación fraudulenta de terrenos del fundo legal municipal, se asignaron tablajes catastrales sobre bienes nacionales y propiedades privadas. Muchas de esas tierras, ubicadas en zonas costeras de alto valor, terminaron en manos de familias yucatecas ligadas al poder político y empresarial.
Esta operación representa probablemente el mayor fraude cometido desde el gobierno en Yucatán, con un despojo valuado en miles de millones de pesos. Hasta ahora no ha habido sanción alguna por estos hechos. Sus principales operadores, incluyendo a Mario Peraza, siguen activos y vinculados a la política, particularmente dentro del PRI.
Nueva etapa, viejo modelo
Lo que vemos hoy en Dzemul, Telchac Puerto e incluso en Ixil, donde ya se denuncian intentos de apropiación de zonas de playa por parte de Willy Flota, es una nueva etapa de ese viejo modelo.
Alcaldes que funcionan como gestores privados, asesores jurídicos que actúan como cobradores disfrazados de inspectores, ayuntamientos convertidos en oficinas de intereses particulares y una impunidad que sigue alimentando el despojo institucional.
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Ciudadanos consideran que la costa yucateca no puede seguir siendo rehén de estos actores. No se trata sólo de un problema de legalidad, sino de dignidad pública. La población, los empresarios locales, los turistas y los propios trabajadores municipales merecen un entorno de certeza, justicia y transparencia. Lo que está en juego no es sólo la economía de la región, sino también la confianza en las instituciones democráticas más cercanas a la gente.
Opinaron que las autoridades estatales han dado señales positivas al intervenir en casos flagrantes como el del pasado fin de semana. Pero el reto es mayor. Se requiere una acción firme y sostenida que desmonte estas redes, sancione a quienes las encabezan y prevenga su reproducción.
Los municipios costeros no pueden seguir siendo el refugio de quienes ven en el poder público una vía rápida para enriquecerse. “Tampoco los partidos políticos pueden continuar prestando sus siglas a quienes, una vez electos, traicionan el mandato popular”, consideró un poblador de las zonas mencionadas.
Vecinos consultados indicaron que la costa de Yucatán enfrenta un momento decisivo. No se trata sólo de denunciar abusos individuales, sino de desmontar estructuras que durante años han operado bajo el amparo del poder.
“La respuesta no puede quedarse en intervenciones aisladas. Hace falta una política integral de legalidad, vigilancia y sanción que devuelva a los municipios costeros su vocación pública. Lo que está en juego no es un conflicto entre autoridades locales, sino el futuro del territorio, el respeto al Estado de Derecho y la confianza ciudadana en sus instituciones”, dijeron.