Santa María Chi, una pequeña comisaría de Mérida, vuelve a respirar después de más de una década de convivencia forzada con una megagranja porcícola que, durante años, transformó la vida de sus habitantes en un calvario cotidiano.
La clausura definitiva de Pecuaria Peninsular, decretada el martes por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) -como informó POR ESTO!-, representa no sólo el cierre de una empresa, sino también la validación de una lucha ciudadana que se extendió por casi tres años de protestas, denuncias y resistencia.
El problema principal siempre estuvo en el agua. De los pozos artesanales, vitales para la comunidad, comenzaron a surgir olores fétidos y enfermedades recurrentes. Diversos estudios independientes confirmaron la presencia de bacterias peligrosas, entre ellas salmonela en algunas de sus variantes, que afectaron con especial dureza a niños y adultos mayores.
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Justicia ambiental en Santa Maria Chi, Mérida; Profepa clausura granja porcícola de forma definitiva
El comisario municipal, William Alfonso Nahuat Tun, explica: “Lo supimos desde que los primeros estudios confirmaron lo que sentíamos en el cuerpo: el agua estaba enferma y con ella, nosotros también. Desde ahí comenzó la batalla”.
Las denuncias apuntaban a la descarga directa de aguas residuales sin autorización, así como a la acumulación de lodos tóxicos sin caracterización adecuada. La empresa ya había recibido la orden de un juez federal para detener las descargas, pero los monitoreos ciudadanos confirmaron que se siguieron realizando. “Nunca dejamos de vigilar. Volvimos a hacer pruebas, documentamos todo y no quitamos el dedo del renglón. Era cuestión de vida o muerte para la comunidad”, añade Nahuat Tun.
El peso de la industria porcícola
El caso de Santa María Chi no es aislado. En Yucatán, la industria porcícola ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años, hasta convertir a la entidad en uno de los principales productores de carne de cerdo en México.
Sin embargo, el desarrollo no siempre vino acompañado de regulaciones claras ni de respeto al medio ambiente. Organizaciones como Greenpeace, Indignación A.C. y el Equipo Indignación han documentado que muchas granjas operan en zonas de recarga de acuíferos y cerca de comunidades mayas, generando conflictos sociales y ambientales de gran escala.
La Profepa informó que, como parte de sus inspecciones recientes, revisó granjas en al menos 20 municipios, incluyendo Muna, Kinchil, Hunucmá, Tizimín, Conkal y Santa Elena. Entre todas ellas, Pecuaria Peninsular fue una de las que acumuló mayor número de irregularidades, lo que terminó por derivar en la clausura definitiva.
Voces de la comunidad
Los testimonios de los habitantes reflejan tanto alivio como cautela. Una vecina que pidió el anonimato confesó que, durante años, temió represalias por denunciar: “Sabíamos que no estábamos solos, pero nos sentíamos abandonados. Ahora sentimos un poco de justicia, pero no queremos cantar victoria antes de tiempo. Falta que se retiren los animales y que limpien lo que dañaron”.
En Santa María Chi, la clausura no se celebra como un triunfo absoluto sino como un paso intermedio. Para la gente, la verdadera victoria llegará cuando los más de 40 mil cerdos que aún permanecen en las instalaciones sean trasladados y el sitio quede libre de contaminación.
El papel de las autoridades
El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que el Estado trabajará de la mano con la Profepa para garantizar que la reubicación de la granja porcina sea segura y ordenada. Reconoció que no se trata de un proceso sencillo: “No se puede hacer de un día para otro, estamos hablando de miles de animales que requieren un traslado con permisos, condiciones sanitarias y destino claro”.
Ayer, en su conferencia mañanera, el Mandatario aseguró que hace aproximadamente un mes, los representantes de la empresa porcícola tuvieron un acercamiento para comprometerse a la reubicación de esta planta, algo en lo que el gobierno estatal ya venía trabajando de la mano con la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Se comprometió al traslado de su planta hacia una zona en la que se cuenta con todas las autorizaciones ambientales. Díaz Mena celebró la disposición del grupo porcícola, pero también manifestó su respeto hacia la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
“Lo hemos dicho desde un principio, hay que promover el crecimiento y desarrollo económico del Estado, pero nunca quitando a las nuevas generaciones su derecho a vivir dignamente”, aseveró el gobernador Díaz Mena.
De igual modo comentó que este era un problema que se venía gestando desde hace muchos años atrás, que era preciso atender; aseguró que confía en que la Procuraduría de Protección al Ambiente, la empresa involucrada y la Secretaría de Desarrollo Sustentable darán una solución al tema en los próximos meses.
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, fue enfática: “Este caso es emblemático para la Profepa porque simboliza la lucha de comunidades enteras que no se resignaron. Queremos que sea un precedente de justicia ambiental en la región”.
Una lucha que sienta precedente
La clausura de Pecuaria Peninsular es resultado de un proceso iniciado en 2021 por denuncias de comunidades mayas y organizaciones de la sociedad civil. Estas agrupaciones han cuestionado el impacto de la industria porcícola en la Península de Yucatán, particularmente por el riesgo de contaminación del manto freático, principal fuente de agua potable para millones de personas.
En este contexto, Santa María Chi se convierte en un referente de resistencia ciudadana. La comunidad no sólo defendió su salud y su agua, también abrió un debate regional sobre el modelo de crecimiento económico y su relación con la sustentabilidad.
El futuro de Santa María Chi
Ahora queda por delante la parte más compleja: la reparación del daño. La Profepa exigirá un estudio ambiental completo para dimensionar el impacto de la granja y diseñar un plan de desmantelamiento responsable. Sólo entonces podrá iniciarse la etapa de recuperación del ecosistema local.
En paralelo, vecinos y activistas insisten en que el caso sirva como ejemplo para otras localidades de Yucatán que aún conviven con granjas porcícolas en condiciones similares. La vigilancia comunitaria, señalan, seguirá siendo crucial para asegurar que no se repitan los abusos.
