Durante el primer semestre del año, Yucatán volvió a colocarse entre las entidades con menor número de llamadas al 911, tanto en emergencias como en reportes improcedentes, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
La entidad registró alrededor de 0.7 miles de llamadas, lo que equivale al 2.5 por ciento del total nacional y a un promedio de 9 mil 674 llamadas por cada 100 mil habitantes, cifra que se mantiene por debajo del promedio nacional.
El reporte destacó que Yucatán logró reducir en 1.6 por ciento las llamadas improcedentes respecto al mismo periodo del año anterior. Este tipo de reportes incluye llamadas mudas —que representan seis de cada diez—, seguidas de las llamadas de no emergencia, bromas, errores técnicos o transferencias equivocadas. El estado se ubicó en la posición 15 a nivel nacional en este rubro.
En contraste, las llamadas válidas crecieron en 2.6 por ciento, con lo que Yucatán ocupó la undécima posición en el país. El informe revela que poco más de la mitad de esas llamadas correspondieron a incidentes de seguridad, el 11.5 por ciento a solicitudes de asistencia médica y un 24.3 por ciento a otros tipos de ayuda, lo que confirma la función multifacética del 911 como primer contacto ciudadano en emergencias.
Violencia de género y familiar
Si bien los números generales resultan positivos, el panorama cambia cuando se observa el comportamiento de la violencia de género y la violencia familiar en la entidad. Entre enero y mayo de este año, más de mil 300 mujeres pidieron auxilio al 911 por situaciones relacionadas con violencia de pareja, agresiones familiares, violación o acoso sexual. En promedio, hasta 80 reportes diarios se reciben en el estado por este tipo de violencia, concentrados en su mayoría en municipios como Mérida, Kanasín, Progreso, Ticul, Valladolid y Tizimín.
Los datos oficiales muestran que en los primeros cinco meses del año se recibieron 716 reportes por violencia de pareja, 260 por violencia familiar, 165 por violación y 218 por acoso u hostigamiento sexual. Sin embargo, la cifra de denuncias formales se queda corta: la Fiscalía General del Estado abrió apenas 24 carpetas por violencia familiar y ocho por violencia de género en ese mismo lapso. Esta brecha entre la llamada de auxilio y la acción judicial refleja la dificultad de muchas mujeres para dar el siguiente paso, ya sea por miedo, desconocimiento o falta de confianza en las instituciones.
Atención al fenómeno
Frente a este escenario, el Gobierno del Estado ha reforzado su estrategia de atención a mujeres en situación de violencia. Una de las acciones más relevantes ha sido la transformación de los antiguos Centros Violetas en los actuales Centros LIBRE de Violencia, que hoy suman 31 espacios distribuidos en municipios clave, entre ellos Mérida, Kanasín, Peto, Oxkutzcab, Tekax, Valladolid, Tahdziú, Sotuta, Samahil, Tixcacalcupul, Yaxcabá y Panabá.
Estos centros están integrados por equipos multidisciplinarios de trabajadoras sociales, psicólogas y personal legal, con la misión de brindar acompañamiento especializado y canalizar cada caso según la necesidad: apoyo psicológico, asesoría jurídica o atención médica.
A la par, se ha fortalecido la Línea de las Mujeres (079), disponible las 24 horas todo el año, que busca brindar respuesta inmediata y orientar a quienes enfrentan situaciones de riesgo.
Obstáculos y oportunidades
Sin embargo, especialistas señalan que los retos van más allá de la infraestructura institucional: es necesario ampliar la cobertura para que las mujeres en comunidades rurales o mayahablantes tengan acceso real a estos servicios, mejorar la coordinación entre el 911, la Fiscalía, los servicios de salud y los programas sociales, y reforzar la capacitación del personal de primera respuesta con perspectiva de género.
Detrás de los números hay historias reales. En los municipios más pequeños o en zonas rurales, muchas mujeres enfrentan barreras múltiples: falta de transporte para llegar a los centros, desconocimiento de los servicios disponibles, temor a represalias y, en algunos casos, barreras lingüísticas para las que hablan maya u otras lenguas originarias.
Mérida, la zona metropolitana y otros municipios con mayor densidad poblacional concentran muchas de las llamadas de auxilio. Pero los patrones muestran que el riesgo no se limita a los grandes centros. Por ejemplo, Progreso y otros municipios costeros están señalados como focos rojos. Causa preocupación que muchas llamadas no se traduzcan en acción institucional ni judicial inmediata.
Algunas mujeres comentan que aunque llaman al 911, la llegada de las autoridades puede tardar o bien la intervención no cumple con lo necesario para frenar el ciclo de violencia.
En otras ocasiones, los casos no son denunciados por miedo, vergüenza o desconocimiento del procedimiento.
Heridas y desafíos
El panorama de Yucatán es, en términos generales, menos alarmante que en otros estados: la incidencia de llamadas improcedentes se mantiene baja, la carga de emergencias generales es reducida y el sistema ha demostrado eficacia en la canalización de auxilios. Pero la violencia hacia las mujeres sigue siendo una herida abierta. El desafío no está únicamente en contabilizar llamadas, sino en transformar cada reporte en una acción efectiva que garantice seguridad, justicia y acompañamiento real.
En este pulso cotidiano entre la llamada de auxilio y la respuesta institucional se mide cuánto se ha avanzado y cuánto falta aún por hacer. Porque para muchas mujeres, marcar al 911 sigue siendo un acto de esperanza, pero también de riesgo.
Y en Yucatán, más allá de las estadísticas, esa llamada debe significar una oportunidad cierta de salvar una vida y recuperar la tranquilidad.