En Sitilpech, comunidad maya del municipio de Izamal, los habitantes sienten cada día el peso de la contaminación que generan las megagranjas. “El agua ya no sabe igual, los niños se enferman y los pozos huelen a cerdos”, comenta Doña María, vecina que ha vivido toda su vida junto al bosque que rodea la granja industrial Kekén, con sus 49 mil cerdos.
Su testimonio refleja la realidad que enfrentan cientos de familias en Yucatán: la expansión desmedida de la industria porcícola amenaza la salud, la biodiversidad y el acceso al agua limpia.
Greenpeace ha alertado que más de 500 granjas industriales operan en la entidad, pero menos del 10% cumplen con permisos de impacto ambiental.
La reciente clausura de la granja Pecuaria Peninsular en Santa María Chi fue celebrada como una victoria de las comunidades, pero la organización advierte que es sólo una gota en un mar de impunidad. Los residuos de los cerdos contaminan cenotes, pozos y mantos freáticos, con niveles de nitrógeno, fósforo y E. Coli que superan los límites permitidos y ponen en riesgo la salud pública.
Batalla permanente
“Llevamos años denunciando, presentando amparos y haciendo solicitudes ante autoridades federales y estatales, pero el problema persiste”, señala Juan López, vecino de Santa María Chi. “No pedimos que se cierren todas las granjas, pedimos que se cumpla la ley y que protejan nuestra agua y nuestra tierra”.
Los estudios de la Semarnat confirman lo que los vecinos sienten: la contaminación de la zona sur y este de Mérida triplica los niveles permitidos de nitrógeno amoniacal en agua subterránea, y también se detectan altas concentraciones de ácido sulfhídrico y fósforo, vinculadas directamente a los desechos porcinos.
Organizaciones como Mercy For Animals han documentado que muchos biodigestores están saturados, permitiendo que millones de litros de excremento lleguen al suelo y a los mantos acuíferos.
Además del daño ambiental, la expansión de la industria porcícola acelera la deforestación y afecta especies protegidas, según Greenpeace. El 47% de estas instalaciones se encuentran en áreas prioritarias de conservación, generando un impacto irreversible en los ecosistemas de la Península de Yucatán.
Aun así, 60% de las granjas en Yucatán operan sin títulos de concesión o permisos de descarga de aguas residuales, según datos de Semarnat y Conagua. La falta de supervisión y regulación permite que muchas empresas continúen contaminando con impunidad, lo que genera un conflicto social y ambiental creciente.
Noticia Destacada
Yucatán registra 67 nuevos casos de gusano barrenador en la última semana: Suman 548
Clausuras recientes
El Gobierno Federal, a través de Profepa, ha clausurado algunas granjas, como la de Santa María Chi, y ha impuesto medidas correctivas. Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, destacó la colaboración con las comunidades afectadas: “Conocemos la lucha de años de estas personas, quienes han buscado justicia para proteger su salud y su entorno”.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán mantiene mesas de trabajo con productores para reconvertir granjas existentes y garantizar el tratamiento adecuado de aguas residuales. “El objetivo es construir soluciones a largo plazo que permitan conciliar la producción con la protección del medio ambiente”, afirmó Neyra Silva Rosado.
Sin embargo, para los habitantes de Sitilpech y otras comunidades afectadas, cada día sin regulación efectiva representa una amenaza a su bienestar. La industria porcícola y avícola sigue creciendo, mientras el agua, los bosques y la salud de las familias esperan soluciones concretas.
En el estado, la batalla entre producción y vida comunitaria apenas comienza.