En Yucatán, ser detenido en una cárcel municipal puede significar ingresar a un espacio que no cumple con condiciones mínimas de dignidad. Al menos el 55 por ciento de estos lugares presentan un deterioro considerable, reconoció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Marilú Méndez, quien advirtió que ya se emitieron llamados formales a los ayuntamientos para corregir estas deficiencias.
La entidad cuenta con 106 municipios, cada uno con instalaciones destinadas a la detención administrativa. Sin embargo, muchas de estas cárceles arrastran problemas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones que vulneran los derechos básicos de las personas privadas de su libertad.
Ante este panorama, la titular del organismo explicó que se mantiene un trabajo directo con las autoridades municipales para revertir esta situación y evitar que estos espacios continúen operando como sitios de castigo degradantes.
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El objetivo es que estos espacios cumplan su función legal sin convertirse en lugares que atenten contra la integridad de los detenidos.
Como parte de estas acciones, personal del organismo realiza supervisiones constantes en distintas cárceles municipales, incluyendo las ubicadas en Mérida, para verificar sus condiciones físicas y operativas.
Este proceso también forma parte de una transformación interna de la Codhey, que busca fortalecer su papel como una institución activa y cercana a la población.
Se destacó que algunos alcaldes ya han solicitado asesoría para mejorar sus instalaciones y garantizar que las detenciones se realicen bajo estándares que respeten los derechos humanos.
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Además de la supervisión a estos lugares, la Codhey amplió sus acciones hacia la atención de sectores vulnerables, particularmente mujeres víctimas de violencia, a quienes brinda acompañamiento y orientación.
Marilú Méndez dijo que la Comisión busca consolidarse como una instancia efectiva de defensa y apoyo ciudadano, con mayor presencia en todo el territorio estatal.
El desafío, reconoció, es amplio: transformar espacios de reclusión que hoy reflejan abandono, en instalaciones que cumplan con la ley y respeten la dignidad humana.