Tras el reciente conflicto de más de mil 500 hectáreas en la comisaría de Becanchén, recientemente se sostuvo una reunión entre el gobernador maya, Miguel Escamilla, campesinos, autoridades estatales y agrarias y la empresa acusada de despojo Chada Agricultura, representada por David Isaac Wegan Hadad, para esclarecer la situación legal de las tierras.
En presencia de Moisés Rodríguez Briceño, subsecretario de Asuntos Agrarios; y Roger Aguilar Arroyo, director general del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal de Yucatán (Inderm), ambas partes presentaron documentación para intentar esclarecer la situación legal de los terrenos en disputa.
Por un lado, acompañados por el gobernador maya, los ejidatarios acreditaron contar con cédula catastral vigente y el cumplimiento puntual en el pago del impuesto predial.
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Los campesinos señalaron que defenderán sus tierras de la empresa, sobre todo porque desde que el grupo de personas (encapuchados y con perros de guardia) llegó al ejido fue para despojarlos con violencia de lo que les pertenece.
Destacaron el caso de la familia Salazar Alonso, quien denunció que maquinaria pesada ingresó a su parcela, destruyó cercas y provocó que su ganado se dispersara hacia la carretera, generando pérdidas materiales.
“Acompañamos a los campesinos porque han demostrado ser los legítimos dueños. Es incongruente que aparezcan escrituras nuevas emitidas en un estado vecino para reclamar tierras que ya tienen dueño legal”, señaló el líder indígena, Miguel Escamilla.
En tanto, los representantes de la empresa presentaron una escritura pública, número 3415, con fecha del 22 de agosto del 2024.
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No obstante, los campesinos consideraron irregular que dicho documento haya sido validado en la Notaría 28 de Cancún, Quintana Roo, y no en Yucatán, donde se localizan los predios en conflicto.
Al término de la reunión, no se alcanzó una solución definitiva, por lo que la tensión persiste en la zona del cono Sur.
La inconformidad se ha extendido a comunidades cercanas como Nohalal, Cutza, Pocoboch y San Diego, cuyos habitantes manifestaron su respaldo a los campesinos de Becanchén.
Los trabajadores rurales reiteraron que, en caso de no resolverse el conflicto por la vía legal, están dispuestos a defender su patrimonio, al considerar que se trata de un atropello a sus derechos.
El movimiento cuenta con el respaldo de la Unión de Pueblos Originarios Mexicanos y Americanos A.C. (Upoma). No obstante, Escamilla España subrayó que se privilegiará el diálogo y las vías pacíficas, aunque advirtió que no desistirán en la defensa de lo que consideran una injusticia.
Por ahora, el ambiente en el Sur se mantiene en tensa calma, en espera de que las autoridades agrarias y estatales determinen la legalidad de los documentos y eviten un posible brote de violencia en la región.
