Mientras ejidatarios de Sierra Papacal reactivaron ayer el bloqueo de las obras del tramo de carga Poxilá–Progreso del Tren Maya, al denunciar falta de pago por afectaciones a sus tierras, el Gobierno del Estado sostuvo que las indemnizaciones fueron cubiertas desde 1993 y calificó las protestas como infundadas.
Los manifestantes colocaron nuevamente obstáculos para impedir el avance de la obra y advirtieron que mantendrán el cierre de manera indefinida hasta que se concrete un acuerdo que garantice el pago justo de las compensaciones. Aseguraron que las autoridades estatales, particularmente la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Político, no han cumplido compromisos previamente establecidos.
En contraste, la administración estatal rechazó los señalamientos y afirmó que existe evidencia documental que acredita la liquidación de las indemnizaciones derivadas de la expropiación de tierras ejidales, realizada hace más de tres décadas.
Origen del conflicto
Según información oficial, el antecedente se remonta a 1990, cuando el Gobierno del Estado solicitó la expropiación de más de 231 hectáreas del ejido de Sierra Papacal, en el municipio de Mérida, con el objetivo de destinarlas a infraestructura estratégica de abastecimiento de agua potable.
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En 1992, mediante resolución presidencial, se concretó la expropiación de 223.69 hectáreas por causa de utilidad pública, destinadas a la zona de captación del sistema hidráulico que abastece a los puertos de Chuburná y Chelem.
El avalúo correspondiente fijó un valor de 1.6 millones de pesos por hectárea, lo que representó un monto superior a los 357 millones de pesos. De acuerdo con registros del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria, dicho pago fue cubierto en 1993 a favor de los ejidatarios, con constancia de al menos 128 beneficiarios que recibieron la indemnización y continúan vigentes en el padrón ejidal.
Diálogo sin acuerdos
El Gobierno estatal indicó que ha mantenido comunicación permanente con los habitantes de Sierra Papacal, a través de 13 reuniones formales: nueve en Palacio de Gobierno y cuatro en el propio ejido, con participación de autoridades estatales, federales y municipales, así como representantes comunitarios.
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En estos encuentros, señalaron, se han abordado temas relacionados con el uso de la tierra, infraestructura hidráulica y proyectos de desarrollo regional, bajo una política de diálogo abierto.
No obstante, los ejidatarios sostienen que sus demandas actuales no han sido resueltas, particularmente en lo que respecta a afectaciones vinculadas a obras recientes, como el tramo de carga del Tren Maya hacia Progreso.
Proyecto en pausa
El bloqueo impacta directamente el avance de un proyecto considerado estratégico para la conexión logística del Tren Maya con el puerto de Progreso, lo que podría generar retrasos en su ejecución. Mientras el Gobierno estatal reiteró que actuará conforme al marco legal vigente y en resguardo del interés colectivo, los inconformes mantienen la presión en campo.
