A unos días de una fecha clave para el conflicto ambiental en el sur del municipio de Mérida, el comisario de Santa María Chi, Wilbert Nahuat Puc, denunció la reapertura de un expediente en su contra que había sido cerrado por un juez, lo que –asegura– forma parte de una estrategia de presión por su oposición a la granja porcícola San Gerardo. “El proceso ya fue sobreseído y ahora lo reactivan; esto es una criminalización y una revictimización”, afirmó.
El caso ocurre en medio de la disputa por la operación de la granja, vinculada a la empresa Kekén y señalada por habitantes de la comunidad por presuntos impactos ambientales, particularmente en el agua y el entorno.
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Conflicto que no se cierra
La reactivación del expediente coincide con un momento clave: el 30 de abril, fecha establecida para el retiro del último lote de cerdos, medida que forma parte de resoluciones judiciales derivadas de amparos promovidos por la comunidad. Lejos de cerrar el conflicto, la decisión de reabrir el caso penal mantiene la tensión en Santa María Chi, donde vecinos han denunciado afectaciones por la actividad porcícola.
El giro judicial
De acuerdo con Nahuat, el expediente había sido sobreseído por un juez al no encontrar elementos suficientes. Sin embargo, una sala del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán revocó esa decisión al detectar presuntas irregularidades en el debido proceso. La Fiscalía General del Estado y la parte acusadora continúan integrando la carpeta de investigación y podrían buscar una nueva imputación. El comisario afirma que no hay pruebas nuevas que fortalezcan el caso.
El trasfondo: agua, territorio y megaproducción
El conflicto forma parte de una problemática más amplia: la expansión de la industria porcícola en zonas rurales de Yucatán y su impacto ambiental. Organizaciones civiles documentan contaminación del manto freático por desechos de granjas de gran escala. En contraste, las empresas defienden la legalidad de sus operaciones y su contribución económica en un estado donde la agroindustria es motor relevante.
Entre tribunales y territorio
Para Wilbert Nahuat Puc, la reapertura del caso es parte de una serie de acciones legales contra la resistencia comunitaria. “Estamos preocupados por toda esta trama que se ha generado”, expresó. Aseguró que continuará en la defensa de su comunidad, pese a los procesos abiertos en su contra. El caso refleja la tensión entre desarrollo industrial y derechos comunitarios, donde las resoluciones judiciales no siempre logran cerrar los conflictos.
