La megagranja porcícola instalada en Santa María Chi, aparcera de Kekén, continúa operando en medio de un conflicto que escala en tensión social y ambiental. Aunque desde 2025 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total del complejo por operar sin permisos ambientales –incluida la autorización de descarga de aguas residuales–, en territorio la percepción es distinta: los cerdos siguen ahí.
La empresa alberga más de 40 mil animales y fue sancionada por riesgo de contaminación al suelo, aire y manto freático, en una zona donde las comunidades dependen de pozos para consumo humano y actividades productivas.
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El delegado de Profepa en Yucatán, José Alberto González Medina, aseguró a POR ESTO! que el procedimiento “va por buen rumbo” y que el caso ya se encuentra en manos de las oficinas centrales en la Ciudad de México.
“Aunque no parezca, el proceso avanza conforme a derecho. La empresa tiene hasta abril para retirar la totalidad de los animales; de no hacerlo, se tomarán decisiones más drásticas”, afirmó.
Explicó que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) y otras instancias, se han emitido múltiples sanciones y medidas que impiden la expansión de la granja y el ingreso de nuevos ejemplares. Sin embargo, del otro lado del conflicto, la versión es radicalmente distinta.
La realidad
El comisario municipal de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Puc, sostuvo que el compromiso oficial era claro: para abril de 2026 no debía quedar rastro de la instalación.
“Nos dijeron que no iba a quedar ni rastro de la granja, ni naves, ni cerdos, mucho menos aguas negras. Pero la realidad es otra: siguen operando con normalidad”, denunció.
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El comisario afirmó que no se ha observado desmantelamiento alguno y que incluso continúan ingresando animales. “Los olores siguen, las descargas siguen y los cerdos siguen entrando. Si está clausurada, ¿por qué nada cambia?”, cuestionó.
El caso ha trascendido lo administrativo y se ha convertido en bandera de defensa ambiental en el sur de Mérida. Habitantes advierten que la contaminación podría estar afectando pozos comunitarios, cultivos tradicionales y producción apícola, actividades fundamentales para la economía local.
Mientras la autoridad sostiene que el proceso legal sigue su curso, la comunidad insiste en que la clausura en documentos no equivale a justicia ambiental. “La verdadera solución es que se lleven los cerdos y desmantelen todo. Solo así podremos respirar tranquilos”, concluyó Nahuat Puc.
