En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres realizaron un pronunciamiento para alertar sobre lo que consideran serios retrocesos en las políticas públicas destinadas a proteger a mujeres, niñas y adolescentes en Yucatán.
Entre las participantes se encuentran las académicas y activistas Gina Villagómez Valdés, Ligia Vera Gamboa, Milagros Herrero Buchanan, Bertha Elena Munguía Gil, Nancy Walker Olvera, María Teresa Munguía Gil, Adelaida Salas Salazar y Leticia Murua Beltrán.
El colectivo señaló que los recortes presupuestales y la reestructuración de programas han afectado de manera directa servicios esenciales, especialmente los relacionados con atención a víctimas, derechos reproductivos y acciones institucionales de protección.
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De acuerdo con su análisis, los informes estatales muestran reducciones en los recursos asignados a la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), así como a programas de prevención, atención a víctimas, salud sexual, VIH y refugios, lo que se traduce en menos personal, menos insumos y una capacidad disminuida para acompañar a quienes requieren ayuda.
Nancy Walker destacó que, a nivel nacional, los presupuestos destinados a refugios fueron fusionados, decisión que organizaciones consideran un retroceso por la incertidumbre que genera sobre su continuidad.
Ruta NAME, sin aplicarse
Aunque reconocieron avances –como la creación de algunos Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes–, las voceras advirtieron que la Ruta NAME sigue sin aplicarse adecuadamente, lo que impacta en la atención de niñas y adolescentes embarazadas.
La Ruta NAME en un protocolo interinstitucional aplicado en México para la detección, atención y protección integral de niñas, adolescentes, madres y/o embarazadas menores de 15 años
Ligia Vera advirtió que la falta de coordinación institucional y las resistencias socioculturales están derivando en inacción e incluso en impunidad en casos de violencia sexual.
Asimismo, mencionaron que la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo criminalizada, lo que provoca negativas en la realización del procedimiento, desabasto de insumos y riesgos para la salud de las mujeres.
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Por ello, llamaron al Congreso del Estado a armonizar la legislación local con los marcos nacionales que garantizan una vida libre de violencia.
Cambio con retroceso
Otro punto de preocupación fue la transformación de los Centros Violeta en Centros Libres, cambio que –según explicó Milagros Herrero– eliminó la atención directa y dejó en pausa o desamparo expedientes activos.
Ahora, señalaron, los centros sólo canalizan casos sin dar seguimiento, lo que ha provocado que muchos procesos se cierren sin intervención adecuada. Adelaida Salas añadió que diversas dependencias incumplen la obligación de contar con personal capacitado en perspectiva de género y atención a víctimas, lo que limita la correcta ejecución de las políticas públicas.