Representantes de comunidades mayas de Yucatán, junto con la organización Fundación Yansa, denunciaron públicamente nuevas irregularidades en varios desarrollos inmobiliarios y agroindustriales, y advirtieron que continuarán su lucha legal y comunitaria para defender el territorio ancestral frente a intereses privados.
Entre los casos más recientes figuran los desarrollos del proyecto Ciudad Maderas, el complejo inmobiliario Cedrón y la obra de la empresa Grupo Crío sobre el sitio arqueológico Tzemé, en el municipio de Kinchil.
Los comités comunitarios denunciaron que, a pesar de contar con órdenes de suspensión judicial o clausuras emitidas por autoridades federales, en varios casos las obras continúan, lo que evidencia –a su juicio– una falla sistemática en la vigilancia ambiental y cultural.
Por ejemplo, aunque un juez federal otorgó la suspensión definitiva para Ciudad Maderas en octubre de 2025, la empresa involucrada ha seguido promoviendo la venta de lotes e incluso presume avances en redes sociales.
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Del mismo modo, en Tzemé la construcción de naves avícolas se llevó a cabo sin permisos de cambio de uso de suelo, destruyendo centenares de hectáreas de selva baja caducifolia y causando daño al patrimonio arqueológico: plataformas, basamentos y estructuras mayas han sido alteradas.
Reparaciones profundas
Ante este panorama, los colectivos reclaman no sólo sanciones económicas, sino también la reparación del daño ambiental, restitución de derechos territoriales, y vigilancia efectiva por parte de autoridades como la Profepa y la Semarnat.
También denunciaron actos de hostigamiento, difamación y amenazas contra personas que defienden sus comunidades: aseguran que algunas acciones son orquestadas por representantes de las empresas implicadas, con el fin de amedrentar voces críticas.
Para los pobladores, la defensa del territorio maya no es sólo una lucha por preservar bosque y patrimonio arqueológico, sino también una resistencia por su identidad, su agua, su vida colectiva.
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Amenaza existencial
Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, advirtió que el agotamiento de recursos naturales, la privatización irregular de tierras ejidales y la destrucción sistemática de ecosistemas representan una “amenaza existencial” para las comunidades. Pero también reiteró que los consejos comunitarios están más unidos y decididos que nunca a recurrir a la ley, al apoyo social y a la denuncia pública si continúa la impunidad.
En su conjunto, estos casos muestran una lucha persistente entre el desarrollo inmobiliario y los derechos territoriales indígenas, una pugna que lejos de zanjarse, parece intensificarse conforme crecen los megaproyectos en la Península.
Para las comunidades, la defensa del territorio maya es un acto de justicia social, memoria histórica y saneamiento ecológico.