Integrantes del Consejo Comunitario de Kinchil denunciaron que la empresa Grupo Crío presuntamente continúa interviniendo un predio clausurado por Profepa e INAH, ubicado a menos de un kilómetro de la zona arqueológica de Tzemé, al poniente del estado. La semana pasada, ambas dependencias ordenaron la suspensión de actividades en más de 17 hectáreas por irregularidades ambientales y afectaciones al patrimonio.
El presidente del Consejo Comunitario, Federico May Cuytún, afirmó que en el terreno aún se observa maquinaria pesada y movimientos de tierra, pese a la clausura. Señaló que las labores incluyen cambios de uso de suelo sin autorización, una de las violaciones que motivaron la intervención de las autoridades. “Todo indica que siguen trabajando como si nada”, expresó.
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El representante comunitario exigió a Profepa e INAH aplicar de inmediato las medidas necesarias para detener la devastación y actuar legalmente contra la empresa por presunto desacato. También anunció que el Consejo iniciará procesos legales, tanto contra las instituciones por no hacer valer las órdenes de clausura, como contra Grupo Crío y la constructora Cavico, implicada en las obras.
Campaña en tribunales
May Cuytún afirmó que las comunidades están dispuestas a llevar el caso a los tribunales, pues consideran que es la única forma de proteger los territorios, los vestigios arqueológicos y las tierras que, recordó, fueron resguardadas durante generaciones. Subrayó que Tzemé fue un importante centro comercial maya y forma parte esencial de la memoria histórica de Kinchil y de Yucatán.
Criticó que el INAH y Profepa no hayan garantizado la protección del sitio. “Parece que cuando se trata de grandes empresas las instituciones simulan actuar, pero permiten que continúe la destrucción. En cambio, a los pueblos mayas se les castiga sin contemplación”, lamentó.
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Hasta el momento, ninguna de las dos instancias federales ha emitido postura oficial. Sin embargo, fotografías difundidas por el Consejo Comunitario muestran maquinaria operando en la zona supuestamente clausurada.
Clausura previa por daños ambientales
La denuncia comunitaria ocurre una semana después de que Profepa clausuró, el 14 de noviembre, la ampliación de una granja avícola de la empresa Productora Nacional de Huevo —vinculada a Grupo Crío— al detectar actividades sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Durante la inspección, realizada el 12 de noviembre, se confirmaron daños en 13.7 hectáreas de selva baja caducifolia, un ecosistema característico de la región.
Inspectores documentaron nivelación de caminos, retiro de vegetación, colocación de material pétreo y tendido eléctrico sobre un terreno que mostraba buen estado de conservación en sus alrededores. Además, identificaron especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, incluidas cactáceas y bromelias, algunas de ellas catalogadas en riesgo bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que resalta la fragilidad del ecosistema afectado.
