Mujeres integrantes del grupo Ley Sabina contra los Deudores Alimentarios Yucatán se concentraron ayer frente a las instalaciones del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio de Yucatán (Cejom), para pronunciarse una vez más a favor de la justicia para las infancias y las madres que no reciben la atención correspondiente.
Karla Vázquez es una de las integrantes del grupo y madre autónoma en lucha, es quien de manera exclusiva compartió a POR ESTO! que ella, junto con su menor, ha enfrentado experiencias de desamparo —dijo— no sólo de las autoridades, sino también del padre de la menor y de una sociedad que, en primera instancia, permite este tipo de actos de irresponsabilidad.
Vázquez recalcó que la lucha es por ser escuchadas, atendidas y respaldadas y, sobre todo, por no tener que estar detrás de un progenitor para “recordarle su paternidad”, cuando esta responsabilidad y compromiso es para toda la vida.
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La mujer dijo que sus voces son apagadas por los deudores, pero también —subrayó— con el consentimiento de quienes deberían no sólo mediar, sino garantizar la justicia para que las infancias reciban lo que les corresponde de sus padres. Asimismo, señaló a una sociedad que normaliza conductas que dejan tanto a infantes como a madres en situaciones de vulnerabilidad.
“Nos tachan de locas”, anotó Vázquez, como una de las frases recurrentes que reciben las madres autónomas de los padres deudores; una de varias expresiones que intentan derribar la lucha y el trabajo que realizan solas. Además, agregó que cuentan con pruebas y que es momento de ser escuchadas.
El grupo llega a las instancias del tendedero como una forma de expresión del hartazgo y, sobre todo, del sentimiento de soledad derivado de la falta de responsabilidad de los padres, así como de la ausencia de atención, seguimiento personalizado, empatía y contención por parte de quienes median los procesos.
La entrevistada agregó que las infancias reciben las consecuencias directas del comportamiento irresponsable y desinteresado de aquellos padres a quienes la ley y la justicia aún no alcanzan para exigirles ejercer su paternidad como corresponde.
Por último, durante el encuentro se observó a las madres y a las mujeres que las acompañan a tejer una red de comunicación y apoyo, que espera ser escuchada no sólo por las autoridades, sino también por una sociedad indiferente ante sus circunstancias, que en la cultura mexicana da pie a conductas de irresponsabilidad paternal hacia quienes les deben: sus propios hijos.
Encuentro de trabajo para revisar casos
Autoridades del Poder Judicial del Estado y mujeres integrantes de la colectiva Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán, iniciaron una serie de reuniones de trabajo para revisar los casos en materia familiar relacionados con el pago de pensión alimenticia que ya se encuentran judicializados, a fin de contribuir a su resolución, privilegiando la protección de los derechos de las infancias.
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Erika Torres López, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, recibió a un grupo de representantes de dicha colectiva, entre ellas Maelvy Adriana Tun Góngora, Pamela Alejandra Magaña Castro, Nahaibi Mayté Cetina Magaña, Karla Andrea Vázquez Vega, Yajaira Agustina Cardona Te, Evelyn Salomé Vázquez Caamal y Rocío Siloé Fuentes Cardeña.
Durante el encuentro, la magistrada presidenta estuvo acompañada del magistrado Hernán Vega Burgos y del director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Alamilla Mena.
En su intervención, Torres López señaló que, como madre trabajadora, conoce la carga que enfrentan las mujeres, especialmente cuando no cuentan con el apoyo de quien tiene la obligación legal de proporcionar alimentos, por lo que reiteró el compromiso del Poder Judicial del Estado de coadyuvar, dentro de sus facultades y con pleno respeto a la ley, a la atención y resolución de este tipo de problemáticas familiares en las que se ven involucrados niños y mujeres.
La reunión, en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), duró aproximadamente dos horas, durante las cuales la magistrada presidenta escuchó las inquietudes y dificultades que enfrentan las mujeres integrantes de esta organización civil en sus procesos legales, así como las experiencias de violencia vicaria, física, psicológica, económica e institucional de las que han sido víctimas junto con sus hijos.
En este contexto, Torres López instruyó que los casos y expedientes radicados en los juzgados del Poder Judicial del Estado sean revisados a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, designando al titular de dicha área como enlace institucional con la colectiva.