La violencia vicaria, una forma de agresión que se ejerce principalmente contra las mujeres con el daño a sus hijos, sigue siendo una de las expresiones más silenciosas y normalizadas de la violencia de género en Yucatán, aseguró Siloé Fuentes, representante de Ley Sabina en Yucatán. Indicó que, a pesar de los avances legislativos y la existencia de mecanismos legales, la ejecución efectiva de justicia sigue siendo limitada, sobre todo para las mujeres vulnerables.
“Existe una enorme confusión sobre lo que implica la violencia económica. No se trata sólo de dinero: es una forma de violencia sistemática. El 99.85% de las deudas alimentarias que registramos son cometidas por hombres, son padres que se niegan a cumplir con sus responsabilidades hacia sus hijos. Es una forma de castigar a las madres, dejando en el abandono a las infancias”, denunció Fuentes.
Desde 2021, Ley Sabina ha impulsado tendederos públicos de deudores alimentarios, con información extraída de registros familiares (públicos por ley) para exhibir a quienes no cumplen con sus obligaciones. El objetivo, señala la colectiva, es alertar a la sociedad sobre personas que representan un riesgo no sólo económico, sino también emocional y social para las mujeres con quienes se vinculan.
Datos duros
Aunque esta forma de violencia muchas veces no se denuncia, los datos sobre inseguridad y victimización ayudan a dimensionar su impacto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, en Yucatán el 24% de los hogares reportó al menos una víctima de delito, es decir, 167 mil 41 hogares afectados.
La tasa de victimización fue de 20 mil 678 hombres y 17 mil 806 mujeres por cada 100 mil habitantes. El fraude, que incluye incumplimientos como el impago de pensiones, representó una tasa de 8 mil 019 víctimas por cada 100 mil habitantes. El costo económico por inseguridad en los hogares fue de 3.2 millones de pesos, con un promedio de 4 mil 571 pesos por persona afectada.
A pesar del impacto, sólo el 9.5% de los delitos se denunciaron, aunque esta cifra mejoró ligeramente respecto a 2022 (cuando fue de 8.6%). De estos casos, el Ministerio Público abrió carpeta de investigación en el 74%.
Para Siloé Fuentes, el problema no radica únicamente en la ausencia de leyes, sino en la falta de voluntad para aplicarlas de manera efectiva. Aunque existe un padrón nacional y estatal de deudores alimentarios, con aval de la Suprema Corte de Justicia para su publicidad, no hay acciones suficientes para garantizar su cumplimiento o sancionar a los incumplidos.
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“Las mujeres no tenemos acceso efectivo a la justicia y por eso exhibimos. No por venganza, sino por necesidad de protegernos, de proteger a nuestras hijas e hijos, y de advertir a otras mujeres que podrían estar por vincularse con hombres que han repetido patrones de abandono y engaño”, advirtió Fuentes.
En muchos casos, los hombres no sólo abandonan económicamente a sus hijos, sino que además borran su existencia, mintiendo sobre su pasado para entablar nuevas relaciones afectivas. Esta estrategia de violencia vicaria deja secuelas psicológicas tanto en las madres como en las nuevas parejas, quienes muchas veces descubren tardíamente que sus vínculos se sostienen sobre el engaño y la negación de responsabilidades.
Colectivos como Ley Sabina insisten en que visibilizar la violencia vicaria y económica es un acto de resistencia ante un sistema que sigue desprotegiendo a las mujeres y las infancias. “No es sólo una cuestión de leyes. Es de ejecución, de voluntad institucional, de prevención y, sobre todo, de poner en el centro el interés superior de la niñez”, concluyó.
