La Maestra, abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Amelia Guadalupe Ojeda Sosa, aseveró en exclusiva a POR ESTO! que actualmente coordina el Proyecto para el Fortalecimiento del Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Yucatán.
Este proyecto lleva ya 10 años y consiste en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el estado. Anotó que es de suma importancia, ya que se relaciona con diversos temas fundamentales: primero, la educación integral de la sexualidad; segundo, la salud sexual y la salud reproductiva, que conllevan a la prevención de embarazos, la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual; y tercero, el ejercicio de la autonomía reproductiva, es decir —dijo— brindar el poder de decidir tener hijos o decidir no tenerlos.
En temas del acceso al aborto como un derecho, el Proyecto lo ha trabajado desde tres direcciones primordiales, mediante distintos trabajos y estrategias de intervención. La primera está relacionada con el trabajo directo en comunidades, eventos y escuelas, a través de talleres, charlas, conversatorios y conferencias, utilizando sobre todo una metodología denominada alfabetización jurídica.
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La alfabetización jurídica está enfocada en acercar a las mujeres los temas legales, para que conozcan sus derechos y los procesos a los que pueden acceder en casos como violencia obstétrica, violencia sexual, acceso al aborto por violación, prevención del embarazo, métodos anticonceptivos, así como la prevención de embarazos derivados de violaciones mediante anticoncepción de emergencia y profilaxis postexposición, anotó la maestra Ojeda.
El público principal son mujeres; sin embargo —dijo— también han trabajado desde el año 2000 con personas LGBTIQ+ en el acceso a derechos. En este ámbito, las estrategias jurídicas han estado dirigidas al acceso al matrimonio, identidad de género, filiación y seguridad social. No obstante, señaló que se han concentrado principalmente en el tema de la autonomía reproductiva, especialmente en el aborto.
El acompañamiento al aborto se ha realizado mediante procesos administrativos y solicitudes para el acceso a causales —como se establecía en el Código Penal hasta antes de abril de 2025—. Además, la maestra aseguró que han consolidado estrategias jurídicas a través de juicios de amparo para garantizar el acceso a servicios de aborto sin criminalización, pese a la penalización que existía en el Código Penal de Yucatán.
Afirmó que brindan apoyo y acompañamiento a mujeres que han experimentado criminalización, es decir, que fueron denunciadas por abortar o por ejercer su autonomía reproductiva.
Aseveró que en noviembre de 2021 presentaron un amparo acompañado desde UNASSE y Abortistas MX —plataforma nacional—, así como por una asociación civil de Yucatán. El Proyecto de la maestra Ojeda acompañó jurídicamente este proceso que duró tres años: inició en noviembre de 2021 y se resolvió el 21 de agosto de 2024.
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Comentó que el 5 de febrero de 2025, después de varios meses de trabajo con legisladoras, se presentaron iniciativas que no quedaron exactamente como señalaba la sentencia; sin embargo, lograron avanzar en lo que definió como una derogación completa, es decir, que se eliminó del Código Penal el aborto voluntario y se dejó únicamente el aborto forzado.
Anotó que se logró una despenalización parcial hasta las 12 semanas para el aborto voluntario, sin criminalización ni sanción penal. Posteriormente, se modificaron algunas causales para facilitar el acceso y, en mayo, la reforma fue publicada en el Diario Oficial, entrando en vigor.
Lo que sigue ahora —anotó la maestra Ojeda— es garantizar el acceso efectivo a los servicios. Es decir, que el derecho no quede únicamente en el marco legal, sino que se implemente mediante servicios de salud accesibles para mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo decidan y lo requieran.
Se necesita ampliar la cobertura y el alcance de los servicios en otros municipios del estado para que las mujeres puedan acceder de manera más rápida y sencilla, ya que actualmente muchas deben trasladarse a Mérida, específicamente al Hospital O’Horán, lo que implica costos, tiempo y obstáculos adicionales que pueden retrasar el ejercicio de un derecho ya reconocido.
La maestra Ojeda aseguró que actualmente trabajan en el diseño de una estrategia de incidencia social y política para que los servicios de aborto estén realmente al alcance de quienes los requieran. Señaló que el reto no solo es jurídico, sino también institucional y cultural, pues implica capacitar personal de salud, generar protocolos claros y asegurar que no existan prácticas de obstaculización o estigmatización dentro de los propios servicios públicos.
Finalmente, es esencial reconocer el trabajo de la maestra Ojeda, así como de todas las mujeres que diariamente se involucran en la defensa, innovación y ampliación de derechos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres en Yucatán mediante la construcción de herramientas jurídicas, sociales y políticas que permitan ejercer plenamente su autonomía y dignidad.