Reportar cifras de consultas no es lo mismo que demostrar que el sistema de salud funciona: hace falta evaluar calidad, equidad, protección económica de las familias y satisfacción real de los pacientes.

Una reforma puede partir de una causa legítima y, aun así, necesitar correcciones. Eso es justamente lo que está ocurriendo con el artículo 127 constitucional y el intento de poner un límite a las llamadas “pensiones doradas”.