El dictamen que pretendía ordenar el caos de los seguros de gastos médicos mayores fue frenado en seco en la Comisión de Hacienda a escasos minutos de ser votado. La justificación oficial fue el consabido estribillo burocrático de requerir "más tiempo para el análisis".

Reportar cifras de consultas no es lo mismo que demostrar que el sistema de salud funciona: hace falta evaluar calidad, equidad, protección económica de las familias y satisfacción real de los pacientes.

Una reforma puede partir de una causa legítima y, aun así, necesitar correcciones. Eso es justamente lo que está ocurriendo con el artículo 127 constitucional y el intento de poner un límite a las llamadas “pensiones doradas”.