El caso Oceanografía es uno de los mejores ejemplos del abuso patronal y laboral / Los líderes sindicales sindicatos se volvieron cómplices y crearon sindicatos “blancos” / Justo terminar corrupción en las Juntas Locales de Conciliación
Los estados del país deberán homologar sus procedimientos legales en materia laboral, ajustándose a los cambios que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, mismos que tienen como propósito que vuelvan a ocurrir tragedias laborales como la de Oceanografía que dejó como resultado más de 4 mil familias damnificadas, declaró el secretario general de la Confederación de Empleados y Trabajadores (CATEM), José Alaín Sánchez López.
En abril del presente año, declaró Sánchez López, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para crear Tribunales Laborales en el Poder Judicial, y el voto libre, secreto y directo para elegir líderes sindicales, evitando las votaciones a mano alzada, lo que tiene como propósito que exista mayor justicia laboral, declaró el entrevistado.
“El caso Oceanografía es uno de los mejores ejemplos del abuso patronal y de la nocividad de los denominados sindicatos blancos y contratos de protección. Por otra parte, el caso expuso la existencia de una arraigada corrupción en las jutas local y federal de conciliación y arbitraje.
“Como fue documentado por los medios de comunicación, ocurrieron un enorme número de anomalías que perjudicaron a los obreros. Luego resultó que apareció un sindicato oportunista que se quedaba hasta con el 20 por ciento de los laudos.
“Esto quiere decir que aún en la desgracia los obreros seguían generando dinero para los sindicalistas y autoridades laborales corruptas. Otro anomalía grave fue la quema de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación, en donde estaban radicados varias denuncias colectivas en contra de la citada empresa”, subrayó
La nueva ley laboral, que es la que se aplica en todo el país en los procedimientos laborales, contempla la desaparición de las denominadas juntas de Conciliación y Arbitraje, para crear Tribunales Laborales en el Poder Judicial, medida que tiene como propósito aligerar los procedimientos que demoraban años y tenían como propósito desgastar al trabajador.
“Los procedimientos terminaban cansando al obrero y si al caso únicamente ganaban dinero los abogados de ambas partes. Finalmente, desgastado económicamente, el empleado dejaba de asistir a las audiencias y terminada renunciando a su derechos. Caso contrario, habían casos en los que el empleador resultaba severamente lesionado económicamente debido a la aplicación de laudos calificados en forma extraña”, observó el entrevistado.
Sánchez López declaró que el 25 de febrero de 2017 entró en vigor una reforma constitucional en materia de justicia laboral que fijó el marco general para establecer un nuevo sistema de justicia laboral.
Abundó que la reforma constitucional contiene aspectos básicos, que tienen como propósito erradicar los llamados sindicatos de protección patronal, ya que se hace obligatorio que un sindicato compruebe que representa a los trabajadores, a través del voto libre y secreto.
La nueva ley también precisa que serán transferidos los juicios laborales que actualmente se resuelven en el poder ejecutivo, específicamente en las juntas de conciliación y arbitraje, a tribunales laborales del poder judicial para mejorar el proceso y la calidad de impartición de justicia, dijo el dirigente sindical.
Asimismo, con el propósito de privilegiar la conciliación en el proceso de solución de controversias, se instituye una etapa de conciliación obligatoria en una instancia administrativa como condición previa para iniciar un juicio laboral.
Cabe hacer mención que el 3 de enero de 2019, el grupo parlamentario de Morena envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Justicia Laboral.
El propósito principal de la iniciativa es cumplir con lo establecido en la reforma constitucional de 2017 y adicionalmente, éste procura satisfacer las obligaciones establecidas en el nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos; en términos prácticos, este tratado establece la aprobación de la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional de 2017 como condición para la entrada en vigor del tratado.
(POR ESTO! Campeche)