CAMPECHE, Cam., 16 de marzo.- Desde febrero del presente año, POR ESTO! informó sobre el desvío de recursos federales en los que incurrió la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, según consta en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), situación que se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del ahora candidato con las menores posibilidades de dirigir al priismo a nivel nacional.
El pasado 14 de marzo, el Gobierno del Estado reunió a sus “textoservidores” para que cubrieran la conferencia de prensa (clandestina) del Secretario de la Contraloría, José Román Ruiz Carrillo, con el propósito de precisar que era falso que el Gobierno del Estado haya desviado más de 234 millones de pesos provenientes de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
¿Serán solventadas?
La aparición en público de Ruiz Carrillo tuvo un propósito específico, el de divulgar la versión de que los resultados, observaciones y acciones contenidos en el Informe General de la Cuenta Pública 2017 de la ASF podrán ser confirmados, solventados, aclarados o modificados por la entidad federativa fiscalizada.
Sin embargo, el funcionario estatal también precisa que de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el gobierno de Moreno Cárdenas tiene únicamente 30 días hábiles para presentar la información y realizar las consideraciones que estime pertinentes.
Se complican las cosas
Sin embargo, la lectura política que se le está dando a toda la serie de acontecimientos recientes, incluido el bochornoso enfrentamiento entre los dirigentes del Sindicato de los Tres Poderes, a quienes azuzó para que desestabilizaran a la administración del alcalde Eliseo Fernández Montúfar, es que el Gobernador del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas, está perdiendo el control de la situación.
Ruiz Carrillo salió a defender a Moreno Cárdenas y afirmó que es falso que se hayan desviado 234 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), correspondientes al año 2017; sin embargo, también omitió mencionar que el caso no es cosa juzgada, pues aún tienen que presentar los argumentos correspondientes ante la ASF.
De la mano de los últimos gobiernos priistas, el Gobierno de Campeche se ha ubicado entre las 10 entidades federativas que han sido objeto del mayor número de observaciones durante el último lustro.
Sin embargo, no solamente en el rubro de salud es donde fueron detectadas irregularidades. En febrero del presente año, POR ESTO! también publicó que el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017 de la ASF reveló que el gobierno de Moreno Cárdenas desvió 157.8 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento Financiero (Fortafin).
El mencionado informe detalla que durante el Ejercicio Fiscal del 2017 realizó aportaciones irregulares para pagar actualizaciones y recargos del ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y al Seguro Popular.
Lo anterior fue detectado a través de una Auditoría de Cumplimiento Financiero que reveló el mal ejercicio de 155 millones 188.1 mil pesos, “por realizar aportaciones con recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero 2017 a la Universidad Autónoma del Carmen, a la Universidad Autónoma de Campeche y al Régimen Estatal de Protección de Social en Salud, cuando los Convenios Federales estipulan que las aportaciones se deben efectuar con recursos estatales”.
Aunado a ello, se emplearon 2 millones 601 mil 300 pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2017 para pagar las actualizaciones y recargos por los enteros del ISR al SAT.
En consecuencia, la ASF concluyó que el Gobierno del Estado de Campeche no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
“Alito” redujo presupuesto
Durante el último año de la administración de Fernando Ortega Bernés, éste destinó recursos por poco más de 511 millones de pesos, sin embargo, durante los dos últimos años de gestión de Moreno Cárdenas la inversión en ese rubro se ha colocado muy por debajo, sin superar los 400 millones de pesos.
Tras el anuncio de la federalización de los servicios de salud, anunciado en Yucatán, en diciembre del 2018 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a nivel local comenzaron a hacerse “ajustes” en servicios que prestaba el Seguro Popular, al grado de agravarse la negación de la atención y suministro de medicamentos e insumos médicos a los enfermos.
Sin embargo, es necesario mencionar que el desabasto de medicamentos, incluso los de uso básico, ha sido una constante durante las dos últimas administraciones estatales, empero, ahora se trata de culpar de esta problemática al nuevo Gobierno Federal.
(Joaquín Vargas Aké)