CAMPECHE, Cam., 1 de julio.- Dependencias gubernamentales del Estado, como el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría de Trabajo (STPS) y notarías públicas de Campeche han conformado una mafia para hacerse de bienes de particulares con alto potencial. Sólo en el sureste suman 20 mil expedientes relacionados con despojo, venta ilegal de bienes inmuebles y otros delitos vinculados con la propiedad de la tierra, denunciaron los representantes de la empresa BCW (Burson Cohn & Wolfe).
Adolfo Ruiz Guzmán, director de Comunicación y Relaciones Públicas de la entidad financiera Banco Ve por Más S.A. (BX+), acusó a estas dependencias estatales de incurrir en el más grande despojo de inmuebles en México e, incluso, se ha convertido en el modus operandi de autoridades laborales, del registro público de la propiedad y notarías.
Sin embargo, detrás de estas dependencias gubernamentales se encuentra la petroempresa Evya, de la familia Camargo Salinas, una de las víctimas de la debacle petrolera, que recurrió a artimañas para evitar la enajenación del Rancho Cayamba.
Los representantes de la empresa financiera BCW Burson Cohn & Wolfe, sin precisar el origen del conflicto, refieren que han perdido ese inmueble, todo maniobrado por los Salinas Camargo, quienes también fueron acusados del fraude bancario Citibanamex en el 2014, junto con Oceanografía S.A. de C.V., quienes presuntamente se confabularon con autoridades registrales, laborales y notarios públicos para deshacer el efecto de un juicio laboral.
Ruiz Guzmán expuso que muchos ciudadanos no se atreven a denunciar o no cuentan con evidencias para desenmascarar a esta mafia de corrupción que se hace de bienes de particulares con alto potencial en todo el país. “Los casos más sonados se han dado en la Península de Yucatán y en la Ciudad de México”, señaló.
El vocero de la mencionada empresa, Ruiz Guzmán, acusó que la flexibilidad de la ley laboral y sus recovecos permiten una serie de simulaciones para apropiarse de cualquier bien inmueble, del cual han sido víctimas cientos o miles de ciudadanos campechanos y de la Península.
Reveló que la forma de operar es a través de un juicio laboral. La Junta de Conciliación y Arbitraje puede ordenar el embargo o la adjudicación de una propiedad a favor de una persona física o moral, sin notificarle al dueño original.
Es aquí cuando intervienen los notarios, porque una vez embargado el predio, se realiza la escritura correspondiente, misma que se legaliza con el Registro Público de la Propiedad y, de esta forma, obtienen la documentación correspondiente a favor de un tercero.
Rancho Cayamba
Detalló que éste fue el caso de la institución financiera que en el 2015 otorgó un crédito a una empresa proveedora de PEMEX en Ciudad del Carmen, Campeche, que al incumplir la compañía contratante el pago del mismo, la entidad financiera ejerció la garantía sobre una propiedad de cuatro hectáreas frente a la playa de esa ciudad, del predio Cayamba, ubicado en la carretera Carmen-Puerto Real y conocido como Rancho Cayamba.
Al ejercer la acción judicial el 7 de junio, el Primer Juzgado de la Primera Instancia en Materia Civil del Segundo Distrito Judicial de Ciudad del Carmen, Campeche, con número de expediente 491/15-2016, otorgó la orden para tomar posesión del inmueble a favor de la institución financiera, que resguardó el inmueble con personal de vigilancia.
Recuperan rancho con violencia
Narró que el sábado 15 de junio se presentaron sin orden de alguna autoridad judicial alrededor de 40 personas, que mediante violencia y uso de armas blancas, despojaron a la entidad financiera de la posesión del inmueble, justificándose por una supuesta adjudicación decretada por la Junta Especial No. 1 de Conciliación y Arbitraje de Ciudad del Carmen, que no llamó a juicio a la entidad financiera y ordenó, sin sustento alguno, la cancelación de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y la escrituración del inmueble, que se ha llevado a cabo el día 20 de junio del 2019 en la Notaría No. 12 de Ciudad del Carmen.
Subrayó que el juicio en material laboral, expediente 022/019, inició a principios de este año y concluyó en tiempo récord de menos de seis meses, lo que consideró como una situación totalmente atípica.
Esta misma Junta ordenó, sin sustento alguno, la cancelación de las inscripciones de la hipoteca y dación en pago en el Registro Público de la Propiedad de Ciudad del Carmen, Campeche, que habían sido otorgadas previamente a la institución financiera.
Señaló que la directora del Registro Público de la Propiedad de esa ciudad procedió a la cancelación de las inscripciones de hipoteca y dación en pago. El jueves 20 de junio, la Notaría No. 12 de Ciudad del Carmen, a cargo del notario Jaime Antonio Boeta Tous, generó una nueva escritura de enajenación del bien inmueble a favor de un tercero.
Ante esta situación, la institución financiera procedió a interponer un juicio de amparo en contra del procedimiento laboral, así como una denuncia por posibles hechos delictivos cometidos por servidores públicos del Estado de Campeche.
Asimismo, se presentó un escrito a las Notarías y Colegio de Notarios del Estado de Campeche, haciendo del conocimiento de los hechos anteriores y solicitando abstenerse de formalizar cualquier acto sobre el bien inmueble en cuestión.
Agregó que este tipo de acciones se suman a otros despojos en la Península de Yucatán que se han dado en los últimos años y en los que, se presume, existen alrededor de 20 mil expedientes relacionados con despojo, venta ilegal de bienes inmuebles y otros delitos vinculados con la propiedad de la tierra, investigaciones que se encuentran “empantanadas” por la complicidad de las autoridades estatales.
(POR ESTO! / Campeche)