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Campeche

El Informe del Poder Judicial, independencia pilar de la justicia en Campeche

Eudaldo Chávez Molina

¡Crónicas del T`nab!

“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”, José María Morelos

En el salón Manuel Crescencio Rejón y Alcalá de la Casa de Justicia, el magistrado Presidente del H. Tribunal de Justicia del Estado, Lic. Miguel Angel Chuc López rindió su informe anual judicial, ante los demás poderes del Estado, abordando interesantes temas sobre derechos humanos, transparencia, juicios instaurados, y perspectiva de género en la administración de justicia, demostrando en los hechos la transformación que tiene el Poder Judicial en Campeche.

En estos tiempos de convulsión social la aplicación de la justicia recobra mayor trascendencia partiendo del respeto a los derechos humanos, quedando de manifiesto que en Campeche la administración e impartición de justicia están custodiados por el H. Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, en una etapa de resurgimiento bajo el mandato del Lic. Miguel Angel Chuc López.

Estas instituciones tiene la enorme responsabilidad social de hacer realidad el cumplimiento de la justa exigencia social de vivir en una Entidad sujeta al Estado de Derecho. Es decir apegado a un régimen de legalidad en donde se respeten, protejan y promuevan las libertades y los derechos fundamentales de todo ser humano.

Bien lo expresó el magistrado presidente del H. Tribunal de Justicia, Lic. Miguel Angel Chuc López, quien tuvo como testigo al titular del Poder Ejecutivo Lic. Carlos Miguel Aysa González, e invitados como el Lic. Carlos Martínez Cisneros, que los servidores públicos del Poder Judicial, desde sus ámbitos de competencia, jurisdicción y atribuciones, conjugan capacidad profesional y ética para garantizar en toda la geografía campechana el derecho humano de acceso a la justicia.

Sin duda que se refirió a una justicia abierta, progresiva, restaurativa, con opciones y alternativas para darle solución a los conflictos en forma expedita, sobre todo accesible a todos sin distinción, porque la justicia no tiene colores ni matices. Siempre atendiendo a las personas en condiciones de vulnerabilidad, por eso se le dio importancia a la perspectiva de género en la administración de justicia.

El informe dejó en claro que el Poder Judicial de Campeche como poder público que administra e imparte justicia realiza su función jurisdiccional con una lupa ética, que hace resplandecer la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas, la colaboración institucional y privilegiando el dialogo con los ciudadanos. Sin diálogo ciudadano no hay justicia. La ciudadanía debe poder ejercer su derecho inalienable de acceso a la justicia.

En sesión previa del Congreso del Estado, el magistrado presidente del H. Tribunal de Justicia entregó el Informe Judicial del año 2018-2019, un documento que resume las acciones más sobresalientes en la administración de justicia. Un poder relevante que emerge sobre los demás, cuya misión es sostener por medio de la aplicación ética, honesta y profesional de la justicia, que se ha logrado en la convivencia humana preservando la paz cotidiana, rota a veces por intereses mezquinos.

En esta polémica, Alexander Hamilton en su obra denominada “El Federalista”, se atrevió a sostener que el Poder Judicial es el más débil de los tres poderes, pues no influye sobre las armas, menos sobre el dinero, no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad. Si se aprecia como lo expone, efectivamente no tiene un poder como tal, pero en su lugar la judicatura debe estar investida de lo que en la Roma de la historia se llamó auctoritas que es un poder que no brota de la fuerza y menos de la coacción, sino que es un poder que emana de la fuerza de la razón, del prestigio y la calidad ética. Valores que se estaban perdiendo, pero que emergieron con mayor fortaleza moral bajo el mandato del actual magistrado presidente.

Es tanta la importancia que no puede concebirse un Estado de Derecho sin el Poder Judicial, y esto se debe a que es una función judicial revestida de honestidad, garante de la división de poderes, vigía de la constitución y calidad de los actos del poder, pero además salvaguarda el pleno respeto a los derechos humanos, tan ninguneado en épocas pasadas, pero resplandeciente en el régimen de la Cuarta Transformación.

Bases de la Justicia

Todos esos elementos suponen condiciones sine qua non para la existencia pura de un régimen democrático. Coadyuva a la permanencia de un Poder Judicial con autoridad moral comprometido a la protección de su independencia, facultando dentro de la plena libertad de los jueces y magistrados que conforman la judicatura a administrar e impartir justicia con imparcialidad.

Bien es cierto que el principal guardián de la independencia del Poder Judicial son los jueces, pero la mejor forma de conservar la independencia judicial para administrar la justicia con imparcialidad, es con un conjunto de garantías que le concede la ética profesional, la honestidad, la remuneración justa y la responsabilidad social de poner el Poder Judicial al servicio del pueblo, lo que asegura el sometimiento de los jueces al imperio de la ley. No es una tarea fácil pero mucho se ha avanzado en este periodo que se informó.

La independencia se consolida y sirve a la administración de justicia solo cuando el juez demuestra su profesionalismo a la par de su estatura moral, su conocimiento profundo de la ciencia jurídica, su neutralidad ideológica y política, aunado a su imparcialidad de cara a los juicios que conoce y resuelve.

La independencia judicial no es un manto protector de conductas realizadas por los impartidores de justicia, pues conlleva una responsabilidad entendida como la obligación de afrontar las consecuencias jurídicas emanadas del incumplimiento de deberes legales o del uso indebido de las funciones jurisdiccionales a cargo de los jueces.

Esa obligación se ha entendido muy bien en el H. Tribunal de Justicia y en eso ha contribuido también el Consejo de la Judicatura que es el órgano constitucional facultado para establecer mecanismos de disciplina, vigilancia y control que han dado como resultado un confiable régimen de responsabilidades administrativas al interior del Poder Judicial, cuyo último fin es la de proteger la independencia judicial que en Campeche, es una realidad.

Los campechanos estamos en buenas manos, pues el valor de la independencia judicial es tan apreciado en los pueblos democráticos, a tal grado que la jurisprudencia internacional ha puesto interés especial en este rubro jurídico. No hay duda, en Campeche se ha garantizado la independencia judicial tanto en la modalidad de asignación de jueces, su estabilidad en el mandato judicial que consta de un diseño institucional que es garante de su autonomía frente a los otros poderes.

En el ejercicio de sus funciones los jueces tienen independencia, que por encima de todo, es un derecho de los ciudadanos. El verdadero poder del Poder Judicial es la fuerza de su propia razón de ser. Es poner la justicia al alcance de todos para proteger su vida, su libertad y su patrimonio, que favorecen la justicia por encima de cualquier otro poder. La fuerza del Poder Judicial es la fuerza de la razón bajo la luz jurídica de la verdad.

Reconocemos en el profesionalismo del magistrado Presidente del H. Tribunal de Justicia del Estado, Lic. Miguel Angel Chuc López su vocación por la justicia, aunado a su esfuerzo por poner a Campeche en la cúspide de los administradores e impartidores de justicia en el país.

Es de los pocos funcionarios que cumple con precisión y ética su delicada encomienda. Su informe judicial fue claro, preciso y muy centrado en sus obligaciones, lo que inspira confianza entre los campechanos.

En Campeche se puede decir, que existe un H. Tribunal de Justicia que escucha a los campechanos, que los ampara y protege contra el fuerte y el arbitrario. Que los jueces hagan su parte, lo que les corresponde para dar a cada ciudadano lo que por justicia les corresponde, por el solo hecho de estar investido por la propia naturaleza de sus derechos inalienables como ser humano.

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