En forma alevosa y en perjuicio de decenas de miles de usuarios, este lunes suspendieron parcialmente el servicio las empresas concesionarias del transporte urbano, en demanda de un incremento superior al 40 por ciento a la tarifa de adultos, misma que pasaría de 7 a 10 pesos, en tanto que el cobro a niños, estudiantes y senectos, que actualmente es de 4 pesos, pasaría a costar 6.
La determinación de suspender parcialmente el servicio, sin informar previamente, propició el enojo de los usuarios, quienes ante el paro parcial del servicio tuvieron que enfrentar complicaciones para poder llegar puntualmente a sus destinos.
Con su deliberado acto de presión, los operadores del servicio de transporte urbano propiciaron que el inicio de semana se volviera caótico para los trabajadores campechanos que dependen de este servicio para desplazarse hasta sus centros de trabajo.
Usuarios regulares del servicio, padres de familia y alumnos que carecen de vehículo propio, también sufrieron las consecuencias del paro parcial que llevaron a cabo los concesionarios del transporte urbano, que en caso de salirse con la suya estarían aplicando una tarifa muy superior a la que se cobra en ciudades como Mérida, Yucatán, y Chetumal, Quintana Roo.
La intención de presionar al Gobierno del Estado de Campeche mediante la suspensión del servicio se supo gracias a que un ciudadano lo dio a conocer en la red social Facebook; sin embargo, esta versión fue desmentida por varios concesionarios del transporte urbano que fueron consultados al respecto.
Alza a la tarifa o subsidio: concesionarios
Los concesionarios del servicio de transporte público, prestación que es elemental para la movilidad de decenas de miles de habitantes de la capital del Estado, principalmente obreros y estudiantes, afirmaron que tomaron la determinación de suspender parcialmente el servicio debido a que las negociaciones que han sostenido con el Gobierno del Estado no han arrojado ningún resultado favorable para ellos y que, por el contrario, en los últimos años se incrementaron las obligaciones de concesionarios y trabajadores del transporte urbano.
Los operadores manifestaron que, en caso de que no les sea autorizado el incremento a las tarifas, entonces la otra alternativa sería que el Gobierno del Estado les autorice un subsidio, ya que la mayoría de los concesionarios están operando con números rojos y sus parques vehiculares están a punto de colapsar debido a que la economía del sector está prácticamente quebrantada.
En la actualidad son doce las empresas las que cuentan con títulos de concesión para la prestación del servicio de transporte urbano y suburbano en el Estado de Campeche. En la capital, zona conurbada y comunidades circunvecinas, el servicio es prestado por las concesionarias Castamay, José María Morelos y Pavón, Alianza Moderna, Autobuses y Microbuses Modernos, Urbanos y Suburbanos de Campeche (Ammuscam), La Nueva Manera, Transporte Urbano y Suburbano Unido de Campeche (Tusuc).
San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen son los núcleos urbanos que concentran la mayor parte del parque vehicular, mismo que está constituido por 479 camiones y microbuses.
Aunque en los últimos años la flexibilidad crediticia ha permitido que muchas familias adquieran vehículos para garantizar su movilidad, la gran mayoría continúa usando el transporte urbano para transportarse en la capital del Estado, ciudad que de acuerdo con datos contenidos en el Programa Institucional de Movilidad Urbana (IET-SEPLAN), para este 2020 albergará una población de 286 mil habitantes.
Precio y calidad del servicio
En caso de que el Gobierno del Estado conceda el alza a las tarifas solicitadas por los concesionarios del transporte público de San Francisco de Campeche, éstas estarían muy por encima de las que se cobran en la capital yucateca (adultos, 7.50, y la tarifa social –niños, estudiantes, adultos mayores- va de 3 a 2.50 pesos) y la quintanarroense, Chetumal, donde el precio general es de apenas 5 pesos.
En el caso yucateco es necesario subrayar que el Gobierno del panista Mauricio Vila Dosal incluso ordenó una disminución a la tarifa general, misma que pasó de 8 a 7.50 pesos, al cambiar el esquema de subsidio para los concesionarios del transporte urbano.
En el nuevo esquema de subsidio, el Gobierno de Yucatán pagará al transportista los 50 centavos que le fue disminuida a la tarifa principal y además asumirá el costo total de los pasajeros con alguna discapacidad motriz.
Aunque el servicio de transporte urbano que se presta en Chetumal, en cuanto a calidad, podría equipararse al de Campeche, éste está por debajo en cuanto al que se ofrece a los habitantes de la capital yucateca, donde se decidió otorgar el subsidio directamente al usuario, calculándose el monto con base en el boletaje.
Sí había subsidio
Los transportistas de Campeche sí contaban con un subsidio para la adquisición de combustible (30 mil pesos por cada camión operando); sin embargo, durante la administración de Fernando Ortega Bernés los transportistas acordaron con el Gobierno del Estado abandonar el esquema de subsidios a cambio de que se les autorizara incrementar de 5.50 a 7 pesos la tarifa del transporte público.
Cuando acordaron el alza a la tarifa, el precio del diésel no superaba los 14 pesos; sin embargo, actualmente este insumo, durante el primer mes del 2020, ha mantenido un precio promedio de 21.14 pesos, según el portal Gasolina México.
La petición para incrementar las tarifas del transporte urbano no es un asunto nuevo, ya que en junio del 2017, los concesionarios del transporte urbano hicieron una petición similar bajo el argumento de que sus principales insumos (refacciones y gasolina) se habían elevado hasta en un 60 por ciento.
En esa ocasión, los transportistas pidieron al Instituto Estatal del Transporte (IET) incrementar la tarifa de adultos de 7 a 10 pesos y para niños, estudiantes y adultos mayores, de 4 a 6 pesos.
Amenazan con hacer
más severo el paro
Los transportistas aseguran que esperan lograr un buen acuerdo con el Gobierno del Estado, ya que la mayoría de los concesionarios están en bancarrota y llegará el momento en que no podrán prestar el servicio.
“Lo de hoy fue un paro parcial; se hace un llamado al Gobierno del Estado para que dé una solución al problema de transporte, debido a los diversos costos en los últimos años percibidos en gastos de mantenimiento, combustible, entre otras cosas; sobre todo porque ya van 6 años en los que no se ha hecho un ajuste de tarifa”, detalló uno de los empresarios.
Ante ello, los concesionarios del transporte urbano exigieron entrevistarse con el Gobernador del Estado, Carlos Miguel Aysa González, para que sea éste que en forma directa ofrezca una solución al conflicto; sin embargo, el titular del Ejecutivo Estatal no se encontraba en la capital del Estado.
Hasta entrada la noche, la protesta de los choferes continuaba firme e incluso fue soltada la versión de que, en caso de que el director del IET, Juan José Castillo Zárate, no propicie en forma inmediata las negociaciones, podrían suspender definitivamente el servicio.
Principales peticiones
Cabe destacar que en un oficio dirigido al Gobierno del Estado los empresarios camioneros confirmaron que sus principales peticiones es ver una aprobación del aumento de las tarifas: de 10 pesos para adultos y 6 para estudiantes, niños y beneficiarios del Instituto Nacional para el Adulto Mayor (Inapam).
Otros también pidieron que se les dé un apoyo mensual de 15 mil pesos para el mantenimiento de las unidades y eliminar la licencia de transporte público; esto porque los operadores ya cuentan con una licencia de chofer entregada por la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y un tarjetón entregado por el Instituto Estatal de Transporte (IET), mismos que aseguraron son más que suficientes.
Asimismo pidieron que la tarifa preferencial de los estudiantes sólo aplique de lunes a viernes y los días que marca el calendario oficial escolar; que bajen los precios de las multas de transporte público al considerarlas muy ostentosas, y aprobar la creación de una credencial estudiantil única para uso de transporte, ello en colaboración del IET, los transportistas y la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc).
El mensaje es claro: “Urge
apoyo del Estado”
Asimismo, comentaron que el mensaje es claro y se plasmó en algunas mantas, pues de meses a la fecha han llevado y estado participando en reuniones con las autoridades, pero sin que hasta el momento les hayan dado una solución real a su demanda de un ajuste de tarifas y apoyo económico para el mantenimiento de las unidades.
Seguridad de ciudadanos
está de por medio
Los empresarios comentaron que desgraciadamente la realidad de los camiones pone de por medio la seguridad de los ciudadanos, porque existe más de un 70 por ciento de unidades “remachadas” con piezas de otras que han sido desmanteladas y aseguraron que no hay economía, créditos y apoyos al sector, por lo cual no pueden seguir así, “hundiéndose cada día más”.
“Hasta el momento no hay avance y nosotros igual, esto lo hacemos porque somos responsables, por eso nos estamos manifestando, queremos un aumento de tarifas o subsidio para atender nuestras necesidades. Las autoridades han tenido diálogo con nosotros, pero hasta ahorita no se ha concretado nada en beneficio del sector; lo que nosotros hemos expuesto es cómo está el estado económico de cada empresa y la necesidad económica”, detallaron.
También comentaron que en sus manos no está el aumentar las tarifas o buscar algún tipo de subsidio con el Gobierno Federal, pues esos son temas que están en la competencia del Gobierno del Estado, por lo que sólo piden una solución o, de lo contrario, no levantarían el paro del 50 por ciento del total del parque vehicular de todas las empresas camioneras.
De igual forma, detallaron que el descontento con la calidad del servicio es algo que se está trabajando, añadiendo que el sueldo de los operadores en este día de manifestación está asegurado y nadie tendrá afectaciones.
Ciudadanos, los más afectados
No obstante, el presidente de Murallas de Campeche, Enrique Uribe, lamentó que los ciudadanos sean los más afectados, pues si bien no se suspendió de forma total el servicio de transporte público, las corridas de quienes sí trabajaron tuvieron retrasos considerables por la demanda del servicio desde temprana hora.
Algunos ciudadanos, como José Pérez y Miguel Cárdenas, comentaron que lamentan que no se esté apoyando al sector del transporte público con el incremento de las tarifas y con un subsidio mensual por parte del Gobierno del Estado, pero que eso igual no es responsabilidad de los ciudadanos y, por lo tanto, no se les debe afectar en lo mínimo.
Además detallaron que si las unidades estuvieran bien conservadas, los choferes se portaran amables y no abusaran, la misma ciudadanía no tendría problema con pagar hasta 10 pesos de tarifa, pero la realidad es que por el servicio prestado por las empresas, que deja mucho que desear, no se pueden poner exigentes.
Taxistas, los más beneficiados
Unos de los más beneficiados fueron los del Frente Unico de Trabajadores del Volante (FUTV), pues los ruleteros se sirvieron con la cuchara grande con los ciudadanos que solicitaban el servicio de transporte hacia los puntos céntricos de la ciudad u otras partes de la urbe capital por la manifestación de camioneros.
Algunos comentaron que en algunas ocasiones a los ciudadanos ya no les importaba si en el camino se subían otros usuarios, pues su única intención era llegar de forma rápida a sus destinos para no verse afectados.
Retrasos de hasta media hora
Por su parte, el ciudadano René Chan comentó que por los retrasos de hasta media hora que se vivieron se percibió mucho malestar de la ciudadanía, que con mucha razón reprobaba el actuar de los presidentes de las empresas camioneras.
“Esto es lamentable, no nos dan un buen servicio, los choferes manejan como cafres y en muchas ocasiones son muy abusivos; entonces, si quieren un aumento de tarifa deben procurar dar un buen servicio, de lo contrario la gente reprobará sus intenciones, sea cual sea el precio que pretendan cobrar”, detalló.
Urge se resuelva el tema
Asimismo, el ciudadano Leonel Gómez confirmó que urge ver una solución a la problemática, porque no es justo ver cómo los ciudadanos se ven afectados por los retrasos de los camiones, las manifestaciones de los empresarios y otros problemas que puedan surgir en un futuro entre el sector del transporte público y el gobierno estatal.
También detalló que si se aprueba un incremento en los costos del pasaje, las mismas autoridades, en este caso el IET, debe garantizar que los empresarios cumplan con una buena prestación del servicio público, porque de lo contrario el usuario sólo pagaría más por la misma pésima calidad de los camiones y el reprobable comportamiento de la mayoría de los choferes.
(Joaquín Vargas Aké / David Vázquez)