La intempestiva baja de Manuel Novelo Lanz como presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), hombre de confianza del ex gobernador del Estado y actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, fue interpretado en el medio político-policial como el inicio de cambios de mayor envergadura en las corporaciones que tienen la responsabilidad de proporcionar seguridad a los campechanos.
El hecho de que la salida de Méndez Novelo tuviera lugar precisamente cuando el Gobernador del Estado subrayó que no tolerará que ninguno de sus colaboradores actúe al margen de la ley, generó una serie de comentarios y especulaciones respecto a la detección de malos manejos u otras anomalías en el CESP y en forma particular en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5).
La versión –no confirmada hasta el momento- que circuló en la capital campechana fue que la salida del reputado abogado campechano Lanz Novelo estaba ligada a la falta de eficacia del sistema cibernético de vigilancia que estaba bajo su responsabilidad y que ha representado para el Gobierno del Estado una inversión de más de 116 millones de pesos.
Justicia ciega
El asunto es que desde hace ya mucho tiempo personas vinculadas a las corporaciones policiales habían filtrado la versión de anomalías que iban desde falta de pericia y conocimiento del personal del C5 en el manejo del sofisticado sistema de vigilancia, hasta la aseveración de que, debido a la falta de mantenimiento, muchas de las cámaras instaladas en Campeche y Ciudad del Carmen estaban fuera de servicio.
Por si fuera poco, a pesar de que el Gobierno del Estado aseguró que la adquisición de estas innovaciones tecnológicas iba a contribuir a mantener a raya a la delincuencia y como herramienta eficaz para esclarecer muchos delitos, la realidad es que en los últimos meses los delitos del fuero común, principalmente robos, han tenido una tendencia al alza.
En la actualidad, el sistema de vigilancia cibernético que administran el CESP y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM) está constituido por una red de 620 cámaras, que en su gran mayoría fueron instaladas en puntos clave de la capital campechana y Ciudad del Carmen, así como sitios estratégicos, como lo son casetas de peaje y puntos de acceso y salida a los principales núcleos urbanos.
Los otros municipios donde también hay cámaras del C5 son Candelaria, Champotón, Hopelchén, Escárcega y Calkiní. Dichos artefactos –según indagaciones de POR ESTO!- son controlados desde la capital del Estado.
Otra responsabilidad del C-5 es la operación de 26 arcos inteligentes, que están equipados con tecnología capaz de detectar armas y droga. Al respecto es necesario mencionar que las autoridades nunca han informado cuál ha sido el grado de utilidad de estos artefactos que presuntamente fueron adquiridos bajo el esquema de renta.
Se sabe que antes de huir de su cargo de Gobernador para irse a dirigir al PRI nacional, Moreno Cárdenas procuró contratos hasta por 116 millones de pesos con empresas como Interconecta, que es la proveedora de los servicios de circuitos de vigilancia cibernética.
A pesar de su cuestionada utilidad, el Gobierno del Estado se comprometió a usar los servicios y productos de Interconecta y compañías afines hasta el 2021. El caso del sistema de videovigilancia podría ser otro de los asuntos que deberá enmendar el actual Jefe del Ejecutivo Estatal, tal y como se hizo con el asunto de la renta de vehículos policiales.
La Seguridad Pública es un tema muy sensible para el Gobierno del Estado, al frente del cual se encuentra el paliceño Carlos Miguel Aysa González –quien también se formó en el medio policial-, ya que en caso de que los indicadores se disparen, Campeche correría el peligro de dejar entre los estados con el menor índice delincuencial.
En su más reciente informe sobre homicidios por entidad federativa –lapso comprendido entre 2008 y 2017- el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Campeche aparece con 54 asesinatos, en 2008; 58 en 2009; 48 en 2010, 49 en 2011 y 80, en 2012.
La fuente mencionada precisa que en el 2013, se contabilizaron 71 homicidios; en 2014, 78; en 2015, bajó a 67; en 2016, se volvió a disparar hasta los 93, y en 2017, se cuentan 73, hasta ahora, pues se trata de cifras preliminares, como aclara la misma institución.
Al momento de abordar el tema sobre el comportamiento delincuencial y los delitos de mayor incidencia, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) suele ser hermética, sin embargo al ser consultada sobre el tema, la citada institución informó que durante los años 2016 y 2017, fueron iniciadas dos mil 237 y dos mil 56, carpetas de investigación, respectivamente.
La información aportada por FGECAM confirma que al menos el número de denuncias sí ha mostrado un incremento, ya que en el 2015, apenas fueron integradas mil 886 carpetas de investigación.
A pesar de la confirmada presencia de por lo menos dos carteles de la droga, Campeche no ha sido escenario de enfrentamientos violentos; sin embargo, eventualmente tienen lugar homicidios vinculados con el Crimen Organizado, siendo los escenarios principales los municipios de Candelaria, Carmen y más recientemente Campeche.
Si bien en Campeche la conducta delincuencial no se ha disparado como está ocurriendo en estados vecinos como Quintana Roo y Tabasco, es una realidad que las autoridades enfrentan problemas para frenar los delitos del fuero común, siendo el robo y robo con violencia los que más quitan el sueño a las autoridades.
La adquisición de tecnología de punta para mantener bajo vigilancia permanente sitios estratégicos y problemáticos de la ciudad fue la principal justificación que los gobiernos de Fernando Ortega Bernés y de “Alito” Moreno Cárdenas hicieran millonarias inversiones en sistemas de vigilancia cibernética, que al momento de ser inaugurados y puestos en funcionamiento, presumieron estar a la altura de los que son usados en los países del primer mundo, pero todo parece indicar que en realidad se trató de otro súper negocio de del actual dirigente nacional del PRI.
(Dismar Herrera)