El grupo parlamentario de MORENA, irían contra el ex Auditor Superior del Congreso del Estado de Campeche, Jorge Martín Pacheco Pérez quien actualmente se desempeña como consultor externo del Ayuntamiento del Carmen, sin embargo existe percepción de corrupción, por lo que presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado para que el ex Auditor Superior o directores del organismo no presten labores en los entes públicos que fiscalizaron hasta tres años después de concluir su función, lo que evitaría conflicto de interés.
La diputada de Morena, María Sierra Damián, en su exposición de motivos, argumentó que “en México los niveles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como los pilares de una democracia representativa -partidos políticos y poder legislativo– son extraordinariamente elevados y esto torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno”.
Lamenta que lo mismo ocurre con las instituciones encargadas de prevenir, castigar, corregir o reparar los actos de corrupción, particularmente los que cometen los servidores públicos.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 55, precisa, que será una responsabilidad administrativa grave el funcionario que utilice de manera indebida información a su disposición para un beneficio propio o de terceros, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones.
En este contexto, condena que en la entidad, no solo se infringen las disposiciones legales citadas sino que ante el vacío legal en la Ley, se tiene el mal ejemplo de ex servidores públicos que se aprovechan de la información privilegiada y de posible información confidencial para obtener beneficios económicos como ex Auditor Superior del Estado, Jorge Martín Pacheco Pérez.
Señaló que Pacheco Pérez, renunció al cargo en el 2018, y en los 14 años como servidor público, tuvo a su cargo la revisión de la cuenta pública de tres ex gobernadores, de nueve trienios de los 11 alcaldes, así como de los organismos descentralizados y autónomos, por lo que es una clara violación a los principios constitucionales de legalidad y confidencialidad.
De acuerdo con el texto de la legisladora, esta persona sin esperar que transcurriera ni un año en que dejo el máximo órgano de fiscalización se convirtió en un proveedor de servicios profesionales al fungir como asesor externo en materia legal y de contabilidad para el Ayuntamiento del Carmen.
Ex auditor en negocio como proveedor
En la página oficial del municipio del Carmen, se informa que el ex auditor, obtuvo por adjudicación directa en 2019, tres contratos por la cantidad de un millón 415 mil 200 pesos.
Por lo cual sospechan que el ex Auditor Superior del Estado, se benefició ventajosamente, al utilizar presuntamente información privilegiada, y en algunos casos confidencial, que tuvo a su disposición como encargado de la revisión de la cuenta pública del Municipio de Carmen, ya que como asesor legal y contable, sabe de la problemática que presentaba las cuentas públicas de su nuevo patrón o contratante.
Por lo cual califica esta conducta como un acto de corrupción y tráfico de influencias de dicho ex servidor público, ya que puede presumir que con su actuar infringió los artículos 55, 56 y 72 de la Ley General de responsabilidades administrativas en vigor.
Ante este contexto y para evitar que los funcionarios de primer nivel de la Auditoria Superior del Estado, al dejar el cargo, eviten el chapulineo laboral o hagan negocios particulares mediante contratos o actos jurídicos, con entes públicos que revisaron y fiscalizaron sus cuentas públicas, propone una adición al artículo 93 bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado para que se prohíba que estos servidores públicos presten servicios profesionales a entidades públicas u organismos autónomos que fiscalizaron sino hasta después de tres años de dejar el cargo.
“Con ello salvaguardar los principios de confidencialidad y evitar cualquier conflicto de interés de estos con las entidades del sector público en Campeche”, y por lo tanto evitar cualquier posible acto de corrupción, subraya.
(Wilbert Casanova Villamonte)