Feligreses de la Unidad Habitacional Siglo XXI se manifestaron para denunciar públicamente el presunto intento de “despojo” y “robo” del terreno colindante a la iglesia San Juan Diego, asegurando que particulares intentaron lotear el predio y, más recientemente, que la propia Alcaldía de Campeche, encabezada por Biby Rabelo de la Torre, se ha involucrado en el conflicto, amedrentando y difamando al párroco Marcelino Maldonado Arroyo, en un aparente intento —acusaron— de apropiarse del espacio que, afirmaron, está legalmente escriturado y pertenece a la comunidad.
De acuerdo con los vecinos, hace dos semanas un grupo de personas acudió al terreno contiguo al templo con la intención de lotearlo, argumentando tener documentos notariados de propiedad. No obstante, los fieles impidieron el ingreso y exhibieron los comprobantes de compra-venta emitidos por el entonces Instituto de Vivienda de Campeche (Invicam), con fecha de liquidación del 5 de marzo de 2009, durante el gobierno estatal de Jorge Carlos Hurtado Valdez.
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“Estamos indignados, porque esta comunidad ha trabajado más de veinte años para levantar este templo y mantener este terreno limpio. ¿Cómo es posible que ahora digan que tiene dueño?”, cuestionaron los manifestantes.
Los inconformes repudiaron que, lejos de ofrecer una solución, las autoridades municipales han iniciado una “campaña de desprestigio” contra el párroco Maldonado Arroyo, difundiendo imágenes y mensajes en redes sociales que lo acusan falsamente de querer apropiarse del predio. “El padre apenas llegó, está de paso; los sacerdotes son rotados cada pocos años. Este terreno es de la comunidad, no del padre”, subrayaron.
Aseguraron que el espacio fue adquirido a través de una compra-venta por la Diócesis de Campeche, y que la limpieza y demás mejoras se han hecho con donaciones y trabajo voluntario. “Nosotros vamos a defender lo que es nuestro. No nos vamos a dejar. Este terreno es propiedad privada, no municipal”, manifestaron.
Finalmente, pidieron la intervención de la gobernadora Layda Sansores San Román para frenar lo que consideran un atropello contra la Iglesia y la comunidad católica del Siglo XXI, y exigieron a la alcaldesa Rabelo “dar la cara y respetar los documentos legales” que acreditan la legítima propiedad del predio.
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