La pesca es una actividad económica que cuenta con la infraestructura industrial, sin embargo, no tiene el respaldo de la Federación y el Estado para evitar su colapso, lo que generaría afectaciones a las familias que viven de estos ingresos, advirtió la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), Nelly Márquez Zapata, al demandar vigilancia marítima y terrestre ante la venta ilícita de especies marinas.
Planteó que Campeche es una potencia pesquera por su recurso humano e infraestructura, pero aseveró que se está desaprovechando, mientras se prioriza el turismo o las maquiladoras, pese a que no hay infraestructura industrial suficiente en la entidad.
Para los hombres de mar, aseguró, no sirven los apoyos como despensas o $7 mil pesos durante los cinco meses de veda del camarón, ya que no alcanza para subsistir debido a la inflación y el tiempo de inactividad.
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Recordó que, con el inicio de la actividad petrolera, se propuso impulsar a empresarios locales para trabajar con Pemex, pero subrayó que el petróleo es un recurso no renovable, a diferencia de la pesca, que si bien es renovable, también es finita y debe cuidarse con programas y acciones de protección.
Advirtió que los pescadores ribereños, de escama de mediana altura y de camarón están al borde de la quiebra, debido a la falta de acción de los gobiernos federal y estatal.
Criticó que, aunque la Secretaría de Marina realiza revisiones a embarcaciones camaroneras, no inspecciona a pescadores ilegales, huachicoleros ni a los que incurren en otras prácticas delictivas.
Aseguró que los pescadores no pueden operar libremente, ya que se les exige ingresar constantemente al puerto, y los despachos de pesca han sido reducidos de 90 a solo 30 días, incluso a veces se ven obligados a regresar antes por fallas mecánicas.
Denunció que por las noches en el muelle de Seybaplaya, se apagan las luces porque supuestamente salen unidades cargadas de diésel, y reveló que ya expuso el caso al Secretario de Marina.
Finalmente, exigió que el gobierno federal actúe en altamar para proteger las especies marinas, mientras que el Gobierno del Estado debe vigilar bodegas clandestinas, restaurantes y calles, con inspecciones de salud y sanidad en todas las ciudades costeras, al calificar como gravísimo el problema y acusar que ni la Federación ni el Estado tienen conciencia de la crisis pesquera.
