Ante lo que calificó como una afectación a sus bolsillos, por lo que exigen la regularización de las unidades piratas, el ayudante del transporte público, Juan Manuel Guillermo Pérez, planteó que las 500 concesiones a entregar deben ser para los "martillos".
Planteó que de los mil 500 ayudantes que antes estaban registrados en las organizaciones de taxistas, un 50 por ciento, unos 750, operan ilegalmente, tanto en servicio pirata como en las plataformas digitales.
Consideró que toda la piratería de estar regulada serían ingresos para el Gobierno del Estado de Campeche y no una afectación para quienes cumplen con los requisitos legales y pagan sus tributos.
Ante la carencia de empleo y que incluso los taxistas piratas levanten pasaje en los puntos en donde tradicionalmente proporcionan el servicio, es que lanza este llamado de auxilio a la gobernadora Layda Sansores San Román para que solucione la problemática en este rubro del transporte público.
Advirtió que puede haber casos de violencia ante la forma en que opera la piratería, ya que son más de 800 unidades que representan una merma económica para quienes laboran cumpliendo con la ley. Incluso consideró la posibilidad de manifestaciones o algún tipo de protesta ante la afectación en sus ingresos y que afecta a sus familias.
JGH