Agentes Ministeriales de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambientales y Ecosistemas del Estado inspeccionaron esta mañana un predio en la agencia municipal de IMI 2, tras una denuncia por maltrato animal, tratándose de dos perros de la raza pitbull que se encuentran solos, sin agua y comida, durmiendo entre heces fecales, y un tercero presuntamente muerto.
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Tras el reporte difundido en redes sociales, el fiscal especializado, Alexandro Brown Gantús, informó que la denuncia fue recibida como noticia criminal, lo que derivó en la apertura inmediata de una carpeta de investigación y el despliegue de agentes ministeriales al sitio para verificar las condiciones en que se encontraban los animales.
El funcionario explicó que la alerta señalaba la posible muerte de uno de los perros, situación que motivó la intervención de la Fiscalía. Sin embargo, durante la inspección no se localizó al ejemplar macho que presuntamente habría fallecido, y tampoco se cuenta con imágenes que confirmen el hecho, por lo que se solicitó a la persona que difundió la publicación aportar mayores datos que permitan robustecer la investigación.
Brown Gantús detalló que en el predio fueron halladas dos perritas de raza pitbull, las cuales, aunque no presentan signos visibles de desnutrición, se encuentran en condiciones inadecuadas, sin atención constante y en un espacio insalubre, rodeadas de heces fecales y con un olor fétido. Ante ello, se solicitará una inspección veterinaria para evaluar su estado de salud, ya que existe la sospecha de que podrían ser utilizadas con fines de reproducción.
Asimismo, señaló que ya se cuenta con información que será verificada en otros domicilios del municipio de Campeche para dar con el propietario de los animales. En caso de no localizarlo, la Fiscalía solicitará la orden correspondiente para proceder al aseguramiento de los perros y garantizar su resguardo.
Respecto al destino de los animales, el fiscal reconoció que se analiza qué refugio podría brindarles un albergue temporal, debido a que, aunque el Código Penal del Estado establece que deberían ser trasladados a las oficinas del Ayuntamiento para su resguardo, no se ha contado con el apoyo de las autoridades municipales en casos similares de maltrato animal.
Finalmente, indicó que existen elementos suficientes para judicializar la carpeta de investigación, ya que vecinos confirmaron que solo de manera esporádica una persona acude a alimentarlos. De acreditarse el delito, el juez determinará la sanción, que puede ir desde multas de 12 mil a 24 mil pesos, hasta penas de prisión de seis meses a tres años.
