La Sierra Nevada de Santa Marta es un tesoro de la naturaleza, hábitat sagrado de las etnias cogi, arhuacos y arzarios, y un paraíso turístico de visitantes del mundo entero atraídos por su belleza y su valor antropológico, cuyo cierre debieron ordenar esta semana las autoridades ambientales ante los enfrentamientos armados entre dos de los grupos paramilitares que desde hace años se han adueñado de la zona.
La Sierra desciende en un hábitat único en el mundo desde sus picos nevados hasta meterse en el Mar Caribe, en playas de una belleza sobrecogedora. Los indígenas de sus comunidades cierran, cada tanto, el acceso al mar para dejar descansar la tierra. Las instalaciones turísticas autorizadas deben cumplir con estándares ambientales, su acceso es restringido para cuidar la salud de la Sierra y, por eso, el turismo que llega es especialmente sensible al respeto a las comunidades indígenas de la zona y al cuidado ecológico.
En los años 60 del siglo pasado, en algunas zonas de la Sierra, al parecer impulsados por los Cuerpos de Paz que fueron enviados por el presidente estadounidense John F. Kennedy, con el propósito, según expresó, de contribuir al desarrollo de las comunidades rurales del país; se empezó a sembrar marihuana en algunas zonas de la Sierra. Hasta ese momento, su consumo era prácticamente desconocido en Colombia. Se hizo famosa la Santa Marta Golden, como de supuesta gran calidad y la clandestinidad de su comercialización generó la conformación de grupos que hoy veríamos como folclóricos frente a lo que hemos tenido que ver y padecer más tarde desde cuando nos cayó la peste de la cocaína.
Con la siembra, comercialización y luego legalización de la marihuana en varios países, el negocio decayó dramáticamente en Colombia, como ocurriría con el de las otras sustancias ilegales, entre ellas la cocaína, si se legalizara. La experiencia de Estados Unidos con el alcohol y las asesinas bandas que se conformaron en la época de su prohibición, y la pacífica comercialización posterior que acarreó su legalización, es una prueba tan evidente de su necesidad que es inexplicable cómo todavía seguimos apegados a una prohibición que cuesta tantas vidas y la perturbación de la vida social de regiones enteras.
Cuando se conformaron los grupos paramilitares en los años 80, el transcurrir pacífico al que estaba habituada esa región caribeña se vio trastornado por la conformación de una banda conocida como Conquistadores de la Sierra. Empezó una era de terror de la peor especie: su jefe fue apodado Taladro porque, según se ha conocido gracias a los organismos a que dio lugar el Acuerdo de Paz, la Justicia Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, era un violador en serie de niñas a las que vencía por el terror de las armas.
Cuando el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, en desarrollo de su política de Paz Total nombró gestores de paz a los antiguos jefes paramilitares condenados por innumerables delitos, entre ellos a Hernán Giraldo -el verdadero nombre de Taladro- se produjo un escándalo mayúsculo y rechazo total aún entre quienes apoyan esa política que incluye la negociación con todos los grupos armados ilegales: negociación con los que tienen algún tinte político y sometimiento a la justicia los que son simplemente bandas armadas, aunque a veces resulte difícil diferenciarlos.
Esa situación se había mantenido en un equilibrio precario hasta cuando, hace una semana, el enfrentamiento entre Los Pachechas, que se consideran herederos de Giraldo y el Clan del Golfo (ambos en acercamientos con el Gobierno en torno a la paz), alcanzó tal magnitud que las autoridades de Parques Nacionales declararon el cierre total de la zona de la Sierra porque no pueden garantizar la seguridad de quienes intenten entrar y ni siquiera de sus propios funcionarios.
Ahora se han hecho públicos los secuestros, extorsiones y robo de tierras en la Sierra que antes eran un secreto a voces. Según han denunciado, hasta quienes tienen un árbol de mango deben pagar vacuna a los paramilitares para que les permitan vender sus frutos. Tienen tarifas establecidas según la actividad económica de la víctima pero nadie se salva de la extorsión.
En el momento de escribir esta columna, aún continúa el cierre total porque no cesan los enfrentamientos armados por el control del Parque Nacional Tayrona, que ocupa buena parte de la Sierra, por los enfrentamientos entre los dos grupos paramilitares por el control de la Carretera Troncal del Caribe, las rutas del narcotráfico y las extorsiones. Ambos grupos han participado en tentativas de negociación con el Gobierno infructuosas hasta el momento.