La Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) ha puesto “trabas” a la denuncia de la presidenta del colectivo “Ley Sabina” en Campeche, Aremi Gasca, en contra de elementos de la Policía Estatal que —según la activista— la privaron de la libertad el 28 de septiembre de 2025, mientras se manifestaba afuera del Palacio Legislativo por el nombramiento de Juan Pedro Alcudia Vázquez como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).
Así lo denunció el abogado Miguel Carrillo, quien acusó protección del Ministerio Público a la presidenta de la Codhecam, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, y advirtió que promoverá un recurso de impugnación contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 258, para solicitar al Juez de Control que ordene al MP citar a la ombudsperson a rendir testimonio.
Noticia Destacada
Viajes desde 6 pesos: Tren Ligero de Campeche lanza nuevas tarifas para usuarios locales
A las afueras del Centro de Justicia para la Mujer (CJM), Aremi Gasca informó que acudió junto con su defensa jurídica a revisar la carpeta de investigación iniciada tras los hechos, cuando —afirmó— fue detenida por más de 30 elementos policíacos.
La activista sostuvo que su detención fue arbitraria, ya que no fue puesta formalmente a disposición de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), lo cual se evidencia en que fue liberada poco después sin proceso legal en su contra. Reiteró que su protesta se sustentaba en el principio “3 de 3 contra la violencia”, señalando que ningún funcionario con antecedentes de violencia de género debería ocupar cargos públicos.
El abogado Carrillo señaló que durante la revisión del expediente detectaron un retraso considerable en la admisión de los actos de investigación propuestos por la defensa, presentados desde el 5 de febrero y apenas aceptados el 14 de abril.
Entre los actos admitidos se encuentran solicitudes de información a autoridades estatales, incluyendo mandos de seguridad, la Fiscalía y el Congreso del Estado, para identificar a los elementos participantes en el operativo y a los responsables de ordenar la intervención policial.
No obstante, destacó que el único acto de investigación rechazado fue la comparecencia de la presidenta de la Codhecam, lo cual consideró “inexplicable” y parte de una posible protección institucional.
Carrillo adelantó que interpondrán un recurso de impugnación para que un juez de control ordene al Ministerio Público citar a la titular de la Codhecam, al considerar su testimonio esencial para esclarecer los hechos.
Finalmente, acusó que la actuación de la Codhecam no solo ha sido omisa, sino que también ha contribuido a obstaculizar el avance de la investigación, en un caso que lleva varios meses sin avances sustanciales.
