A casi tres meses de la elección sindical en el Sindicato Único de Trabajadores de la UNACAR (SUTUNACAR), la dirigencia electa continúa en espera de la toma de nota que debe emitir la autoridad laboral, mientras que la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) se declara incompetente para atender las denuncias de violencia derivadas de la elección de mayo, que incluyó agresiones físicas y verbales entre trabajadores, según señaló José Ramón Magaña Martínez, secretario general electo, quien afirmó que avanzan cuatro investigaciones abiertas en el Ministerio Público relacionadas con los hechos registrados en el Aula Magna.
De acuerdo con el representante sindical, la documentación notariada de la elección realizada en la UFIA en julio fue entregada en agosto, tras una recopilación de pruebas y evidencias, pero hasta ahora no hay resolución oficial. Aunque la ley marca un plazo de 15 días, en la práctica se ha alargado, y los organizadores siguen en espera de respuesta.
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En paralelo, los procesos legales continúan, con al menos cuatro investigaciones en curso por los hechos violentos en la universidad, donde integrantes de la comisión electoral fueron agredidos y retenidos por el grupo encabezado por Enrique Farfán Heredia. Las evidencias en video forman parte de las denuncias activas.
Como hecho irrisorio, Magaña Martínez señaló que la UNACAR, bajo la dirección de Sandra Martha Laffón Leal, respondió apenas el lunes al oficio enviado y se declaró “incompetente” para pronunciarse sobre los hechos, a pesar de contar con un protocolo institucional.
“La UNACAR evade toda responsabilidad. Invierten en programas sobre violencia, pero cuando hay casos reales se deslindan. Es una burla”, acusó.
El conflicto sindical impacta directamente en la situación financiera de la universidad, ya que el atraso en la reforma de estatutos impide acceder a recursos para el pago de jubilados, que requieren al menos 20 millones de pesos para cerrar el año. Magaña advirtió que la administración busca imponer condiciones que reducirían prestaciones laborales, lo cual consideran inaceptable.
“Los trabajadores somos los más afectados. Las oficinas siguen paralizadas, los trámites están detenidos y la universidad aprovecha la división interna para frenar los avances. Quienes pierden son los compañeros”, puntualizó.