Los choferes municipales están siendo obligados a pagar doble cuando se ven involucrados en accidentes, incluso en casos donde hubo descuido. Situación que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Base del Ayuntamiento, Juntas y Comisarías del municipio de Carmen (SUTBAJC), Miguel Ramón Córdoba, calificó como un acto de “dolo y mala fe” por parte de la Coordinación Vehicular del Ayuntamiento.
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Según explicó, aunque los colaboradores sindicalizados con puesto de chofer son responsables y conscientes de su actividad, en ocasiones un descuido los ha llevado a tener percances viales. Desafortunadamente, aunque creyeran que tendrían apoyo de la coordinación, están siendo orillados a cubrir gastos cuando no es su responsabilidad, pues ellos no son dueños de los vehículos.
De acuerdo con el líder sindical, a los trabajadores que se ven involucrados en un accidente y que, de acuerdo al peritaje emitido por la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, se les determina como responsables del percance, se les exige cubrir el deducible del seguro, pero además se les impone una infracción adicional de alrededor de mil 200 pesos.
A decir del entrevistado, esto representa un segundo cobro que no debería aplicarse. Debido a que esto ha sucedido en pocas ocasiones y algunas recientemente, esta práctica desanima a los empleados que fungen como choferes y genera temor entre quienes son obligados por directores a manejar vehículos oficiales pese a no tener ese cargo, pues en este último caso no tienen alternativa: o hacen el trabajo de chofer o son sancionados.
Aunque no puede asegurarlo, Ramón Córdoba dejó entrever que algunos vehículos podrían no estar asegurados, lo que explicaría el motivo por el cual los daños se estén cobrando directamente al trabajador. Recordó que en administraciones anteriores existía respaldo institucional para estos casos, mientras que hoy —dijo— “por todos lados quieren perjudicarlos”.
El dirigente sindical lamentó que los empleados se sientan desprotegidos y advirtió que esta situación podría deberse a un acuerdo irregular entre la aseguradora y el Ayuntamiento, donde el único afectado es el trabajador. Pidió a las autoridades claridad sobre si brindarán apoyo o dejarán a los servidores públicos enfrentar solos los gastos derivados de los accidentes.
