A seis años del inicio del conflicto legal por el control de la Federación de Sociedades Cooperativas de Pescadores de Altura, su actual presidente reconocido por asamblea, Adolfo Hernández Maldonado, denunció que continúa enfrentando procesos judiciales que calificó como arbitrarios y sin sustento, impulsados por una facción que pretende mantener el poder de forma irregular. Y es que el viernes pasado fue vinculado a proceso por fraude y le exigen pagar 50 mil pesos de fianza, no salir del estado y acudir a firmar cada semana.
En entrevista, Hernández Maldonado reveló que fue reactivado un juicio en su contra, pero que, para poder llevar el proceso en libertad, le dieron cuatro días para pagar ese monto, pero al sustentar que su pensión no le alcanza para ello, le pidieron presentar una propiedad como garantía, todo por el delito de fraude, denunciado por quien se ostenta como dirigente de la organización, José del Carmen Rosado Acosta, aunque afirma haber presentado pruebas de pago, incluyendo un cheque que, asegura, ha sido ignorado por la fiscalía.
“El juez federal ya había ordenado cancelar el acta 525 con la que Rosado Acosta se ampara como dirigente y aún así la Vicefiscalía sigue dándole validez. Es un claro desacato”, reclamó, al agregar que sigue presentando nuevas actas sin validez legal para justificar la permanencia de un supuesto presidente que ya habría agotado el periodo legal de cinco años que marca la normativa.
Noticia Destacada
PEMEX cuenta con una mala calificación crediticia y sigue sin pagar sus deudas; empresas se niegan a seguir trabajando
Además del juicio penal, Hernández Maldonado denunció que su opositor sigue ocupando ilegalmente una propiedad que ya fue ganada legalmente en tribunales, el edificio de la calle 26, “Viven en una casa que ya perdieron en juicio. Aun así siguen ahí, diciendo que fue fraude”, lamentó.
El presidente de la Federación manifestó que ya se interpuso una apelación y espera que una sala mixta revise el caso con imparcialidad. “Tengo fe en que saldrá la verdad. No hay nada que me incrimine, pero es indignante que la Vicefiscalía insista en sostener un caso que no tiene sustento legal”, mencionó.
Para el entrevistado, este asunto lo tiene desgastado físicamente y también económicamente, al tener que defenderse de acusaciones sin sustento, pero además que, las autoridades presuntamente en completa corrupción con Rosado Acosta están haciendo de todo.
Usando artimañas para tratar de culparlo del delito de fraude de un supuesto préstamo por un millón 200 mil pesos que fue pagado en tiempo y forma, pero que, para ellos, el asunto es como “una película de terror judicial”, en la que se vulneran derechos y se perpetúan abusos de poder.