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AMLO y MORENA frente a los paisajes culturales y los recursos naturales de las localidades municipales

Por Antropólogo Jorge A. Franco Cáceres

¿Alguien ha visto a los actuales gobernadores y los alcaldes nuevos o repetidores hablando de los paisajes culturales y los recursos naturales de las localidades municipales de México? ¿Alguien los ha visto en alguna reunión nacional o regional informando sobre lo que sucede en sus horizontes, direcciones y rumbos marinos o terrestres?

A decir verdad, no hemos visto ninguna autoridad en Quintana Roo, Yucatán y Campeche que se atreva a hablar de los recursos y menos que disponga mencionar lo que sucede con los paisajes, debido a los impactos turísticos, industriales o urbanos. Continúan intentando hacernos creer que no sucede nada, es decir, que los dos campos permanecen incólumes ante despojos espacio-territoriales y saqueos económico-patrimoniales de las empresas globales y los negocios transnacionales.

Los titulares estatales y municipales prefieren minimizar lo que realmente sucede en las localidades concretas con los patrimonios nacionales y los bienes comunes, perdiendo el tiempo desde las dependencias sectoriales en iniciativas ocurrentes y presuntos planes de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 y los Acuerdos de París sobre el cambio climático.

¿Qué harán la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión con los paisajes culturales y los recursos naturales de México para comenzar a superar las omisiones de los gobernadores y los alcaldes en las localidades municipales?

Actualidad de paisajes, recursos, investigaciones, gestiones y dependencias

Las investigaciones avanzadas evidencian que los paisajes culturales y los recursos naturales de las regiones estratégicas de México se pierden irremediablemente debido a que los sistemas medioambientales y los órdenes socioculturales se desintegran localmente ante los embates globales. Sucede esto no solo porque se trata de conjuntos tradicionales o ancestrales cada vez menos complejos y menos diversificados, es decir, que tienen menor estabilidad y capacidad de regeneración a la baja; sino también debido a que pierden más y más capacidades de operar distintos mecanismos dinámicos de equilibrio y resiliencia, como sucede con los sistemas económico-patrimoniales más complejos y diversificados, o sea, menos mercantilizados.

No parece entenderse en los estados y menos asumirse en los municipios, que el grado de resiliencia de cualquier sistema económico-patrimonial local es mucho mayor cuanto menor es su grado de mercantilización turística, industrial y urbana. Tampoco se reconoce que este grado resiliente es mucho menor cuando tiene mayor grado de industrialización y urbanización por intereses mercantiles. No se ve ahí que nadie utilice la planificación integral y la ciencia avanzada, especialmente cuando la norma es que los gobernadores y los alcaldes continúan procediendo sin gran visión, alentando enfoques coyunturales y perspectivas advenedizas para pretender que impulsan el desarrollo sostenible. Lo peor de todo llega cuando se les mira respaldando dependencias sectoriales que son disfuncionales, a partir de la creencia de que el desarrollo sostenible es un asunto de manifestación de impactos ambientales y de administración de recursos naturales.

No importa mucho a los gobiernos estatales y las juntas municipales que, para que podamos considerar que las calificaciones financieras que reciben son ciertas en términos de la Agenda 2030 y los Acuerdos de París, deben asumir los sistema económico-patrimoniales locales como conjuntos tradicionales o ancestrales muy complejos. Esto significa que les corresponde demostrar en sus programas operativos que asumen a plenitud que sus dinámicas evolutivas no son lineales, que poseen múltiples estados de equilibrio y transición, que cuentan con mecanismos de regulación que no siempre son predecibles ni mucho menos reversibles, y que ocurren a distintas escalas temporales y espaciales.

No sucede nada parecido a lo señalado hasta acá en Quintana Roo, Yucatán o Campeche, que nos indique que hay incuestionable virtud programática en los asuntos económico-patrimoniales, que son fundamentales para la planificación integral y la ciencia avanzada del desarrollo sostenible en torno a los paisajes culturales y los recursos naturales. Todo aparece de nuevo como dispersión sistémica de las autoridades estatales y esfuerzo errático de las juntas municipales, empujándonos así a acudir a la presidencia de la República y el Congreso de la Unión en búsqueda de un curso de acción que sea tan innovador como democrático.

Algo que es mucho más importante de objetar a las iniciativas oficiales de mercantilización turística, industrial y urbana de los conjuntos tradicionales o ancestrales más complejos, es que no dan muestras de asumir la tendencia avanzada a considerar que las dinámicas de los sistemas económico-patrimoniales locales no son independientes de los sistemas medioambientales y socioculturales. Por esta razón, los gobiernos y las juntas siguen procediendo con plena indiferencia hacia la aparición de nuevos sistemas naturales y órdenes políticos, que significan mayores desafíos programáticos ante la desconocida nueva complejidad de sus interacciones como sistemas integrales; y no reconocen la urgencia actual de nuevos estudios sobre sus efectos, límites y riesgos, así como nuevas perspectivas de manejo y conservación a futuro.

La cuestión estratégica de mayor transcendencia sobre los sistemas económico-patrimoniales en México es que los desequilibrios espacio-territoriales, medioambientales y socioculturales, producidos desde la mercantilización global de las actividades turísticas, industriales y urbanas como, por ejemplo, la pérdida de usos ancestrales, el despojo de bienes comunes, el saqueo de patrimonios culturales, la mayor emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento y cambio climático global, la contaminación en todas sus variantes industriales y urbanas; la pérdida de tradiciones comunitarias, el abandono de saberes ancestrales, la renuncia a identidades originarias, etc., no han podido ser revertidos según los mecanismos de regulación y resiliencia con que operan los conjuntos tradicionales o ancestrales muy complejos.

En consecuencia, nuestra solicitud ante la presidencia de la República y el Congreso de la Unión es que los poderes estatales y las dependencias municipales deben enfocarse en tareas estratégicas realmente útiles para el desarrollo sostenible, como monitorear los estados transicionales de los patrimonios culturales y los recursos naturales en las localidades, sus grados de resiliencia y sus niveles de degradación. Deben reconocer también que todos estos sistemas están mercantilizados, y por eso tienen que comenzar a prever la eventual aparición de nuevos rasgos y funciones que pueden cambiar sus estados originales, así como a limitar o neutralizar los servicios valiosos que brindan, configurándose, por ende, un alto grado de incertidumbre en torno a sus dinámicas y mecanismos de regulación, reversibilidad y equilibrio sistémico.

Hemos advertido así a las autoridades federales sobre cómo proceder más allá de la mitigación y la adaptación de los daños medioambientales, es decir, por fuera de los términos que se suponen que conocen los gobiernos estatales y las juntas municipales. Lo hemos hecho en los términos integradores de los paisajes culturales y los recursos naturales, que son los que han demostrado capacidad avanzada de planificar el desarrollo sostenible a partir de englobar los impactos ocasionados por la industrialización y la urbanización bajo las actuales condiciones de cambio climático.

Conclusión

No cabe duda de que, con el proceso de la globalización económica y su influencia en los diferentes campos del quehacer industrial y urbano de México, vemos que el costo de la constante transformación de los sistemas económico-patrimoniales locales ha contribuido en mayores desequilibrios en la interacción de los sistemas medioambientales y socioculturales. Sin embargo, lo más importante es que su reversión ya no puede depender para nada de lo intenten los gobiernos estatales y las juntas municipales, sino del cambio que AMLO y MORENA impulsen en la política económica y los estilos de vida y desarrollo regionales.

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