Metodología de los “por qué”
Por Marta Núñez Sarmiento*I
Les presento uno de los procedimientos más útiles de las investigaciones sociales: el estudio de caso. Sobre él se habla mucho y se usa profusamente, pero en ocasiones las personas que dicen emplearlo lo hacen sin conocer todas sus particularidades, lo que les resta a estos “intentos” la legitimidad que posee este valioso método científico.
De acuerdo a mis lecturas, a los intercambios que llevo a cabo con los alumnos en la docencia y a mis experiencias como investigadora, estimo que existen cuatro razones por las cuales introduzco este procedimiento en la “Metodología de los por qué”.
La primera razón consiste en que el estudio de caso es una vía heurística para acercarnos a las realidades sociales complejas, que genera ricos conocimientos sobre ellas siempre y cuando los investigadores que lo empleen respeten e intenten entender la variedad de dificultades que subsisten en estas realidades y si mantienen constantemente el propósito de encontrar las esencias que las explican. Debo aclarar que no comencé esta “conversación” definiendo el estudio de caso, porque lo haré a medida que desenrede sus peculiaridades, como buena devota atea que soy de la Virgen Desatanudos.
¿Qué podemos aprender de un solo caso extraído de una situación social concreta, que no es una muestra estadísticamente representativa de los fenómenos macrosociales o del universo que se propone explicar pero que se parece a ellos? Tuve que enfrentarme a este imperativo cuando emprendí mi estudio sobre los planes para imponer una “transición hacia la democracia en Cuba”, que proliferaron desde las altas esferas de la política y de la academia de Estados Unidos entre 2004 y 2009. Aunque ya los mencioné en mi artículo “Una investigación-acción participativa urgente por Venezuela”, publicado en el Unicornio del 17 de febrero de este año, les recuerdo “los casos” que seleccioné. Comencé con los dos “Informes al Presidente de los Estados Unidos” que fueron elaborados y publicados en 2004 y 2006 por las Comisiones para Ayuda a una Cuba Libre (CACL) que designó el presidente George W. Bush. Después elegí los ocho documentos que la Brookings Institution publicó dentro del proyecto “La política de los EE. UU. hacia Cuba en transición” (“US Policy Toward Cuba in Transition”) entre 2008 y 2009. Si desean acudir a estos “casos” lean las referencias que aparecieron al pie de página en mi artículo del 17 de febrero.
Estos materiales se convirtieron en las fuentes para conformar mi estudio de caso “Crítica a una transición no solicitada ni deseada”, que publiqué en el libro del Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI) de la Universidad de La Habana en 2010. Su versión en idioma inglés fue “US Proposals for an Unwanted Transition in Cuba. A Critique”, que apareció en la revista Latin American Perspectives en 2014.
Puede parecerles que este estudio resulta hoy “viejo” o “fuera de época”. Lo examino una vez más porque el caso que analicé mantiene, desgraciadamente, su vigencia, ya que es uno de los antecedentes de la decisión que tomó el Departamento de Estado de los EE. UU. el 4 de marzo pasado de poner en vigor el título III de la “Ley para la democracia en Cuba” de 1996, más conocida como la ley Helms-Burton. En concordancia con este título, se permite que a partir del 19 de marzo se presenten en los tribunales de Estados Unidos demandas judiciales contra empresas cubanas incluidas en la “Lista de entidades cubanas restringidas” que emitió ese gobierno a fines de 2017 y que actualizó un año después. Esa lista prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras directas con las entidades señaladas. Este título complementa el número II que dispone que, una vez que se derroque el gobierno cubano, se hará cargo de Cuba un interventor de EE. UU. hasta que se establezca un gobierno subordinado a Washington que devolvería o retribuiría en forma de pago a los antiguos propietarios todas las propiedades que fueran reclamadas por sus antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones realizadas desde 1959.
¿Se imaginan a todos los cubanos devolviendo sus viviendas, a los campesinos abandonando las tierras que les otorgó la Ley de la Reforma agraria de 1959, a los estudiantes costeando sus estudios, a los ciudadanos pagando por los servicios de salud y así continuaría esta absurda lista hasta el infinito? Pero eso es lo que pretende dicha ley.
Vuelvo a mi modesto estudio de caso sobre los documentos publicados entre 2004 y 2009. ¿Qué pretendía demostrar con él?
Mi primer objetivo fue conocer si las proposiciones que contenían esos documentos intentaron cambiar las líneas de las políticas externas de Estados Unidos hacia Cuba, para que respondieran en el futuro a los intereses de las dos naciones en un plano de igualdad, y de ventajas mutuas y respeto mutuo. El segundo objetivo fue evaluar si estos documentos proponían que los Estados Unidos cooperaran con los cubanos y su gobierno para continuar los cambios que estos últimos habían venido llevando a cabo en el último medio siglo de acuerdo a su proyecto para transitar hacia una sociedad más justa, que denominamos socialismo.
Mi tercera meta fue conocer cuáles eran los intereses de los especialistas cubanoamericanos que participaron en los trabajos preparatorios de estos documentos y si ellos quedaron recogidos en los contenidos de estos trabajos. Por esta razón escogí los proyectos en los que participaron académicos y políticos de origen cubano residentes en Estados Unidos.
Seleccioné este tema porque desde 1959 había vivido en Cuba los cambios permanentes que ocurrieron para transformar el orden social previo que existía en mi país. Ellos constituyeron una transición integral, contradictoria y sustentable, que aún prosigue para cambiar las relaciones capitalistas en un orden social que definimos como socialista y que está basado en la justicia social y en la lucha contra todas las formas de explotación.
Como científica social analicé estos cambios, los comparé con otros experimentos de socialismo –principalmente los de los antiguos países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)–, e incluso, participé en la formulación de algunas de las propuestas para perfeccionar el modelo socialista cubano con sus características propias. Los cubanos hemos pensado y realizado estos cambios en perenne lucha contra el tiempo, con restricciones internacionales, sometidos a unas guerras culturales y comprometidos siempre a ser leales a nuestra herencia nacional y a nuestra identidad.
Como socióloga feminista comprendí que esos planes para la transición hacia la democracia en Cuba, que fueron elaborados por instituciones norteamericanas de la academia y del gobierno, constituían una manera de intentar ejercer el poder foráneo en los asuntos internos de mi país y no de formular propuestas en un plano de equidad para contribuir a desarrollar la sociedad cubana. Asimismo, las propuestas de políticas para la “transición hacia la democracia” en Cuba calcaron los modelos de EE. UU. y no cumplieron con la característica de respetar las diferencias del enfoque feminista/género y de aprender de ello.
Estos propósitos no los podía conseguir con las frías, aunque exactas cifras de los censos y de los anuarios estadísticos. Por eso procedí, como miles de investigadores, a llevar a cabo un estudio de caso.
El segundo motivo que me lleva a presentarles este procedimiento reside en que hay infinitas experiencias de estudios de caso realizados sobre diferentes cuestiones que permiten llevar a cabo estudios comparativos para extraer explicaciones esenciales de los fenómenos que estudia cada uno de ellos. Los estudios de caso no desconocen el valor de las investigaciones estadísticamente representativas ni de las estadísticas que publican las oficinas de los censos en cada uno de los países. Todo lo contrario. Los estudios de caso parten de conocer las tendencias macrosociales de los comportamientos de las poblaciones de cada país que publican los censos y los anuarios estadísticos para partir de ellos, con el fin de adentrarse en hallar los motivos para que estas tendencias se comporten de las maneras que lo hacen. Como son estudios pequeños, casi pudiéramos decir que son microsociales, tienen el privilegio de poder compararse con otros similares realizados en un mismo país o en varios de ellos.
Como no existen ni censos ni encuestas estadísticas que describan las tendencias de la política exterior de los EE. UU. hacia Cuba a partir de 1959, les comentaré cómo describí el momento en que fueron elaborados estos documentos, sus objetivos y quiénes fueron los consultores para comprender cuál fue el contexto histórico y social concreto en que se produjeron.
Ahondaré sobre esa experiencia en el artículo de la próxima semana.