Antropólogo Jorge Franco Cáceres
Al revisar las iniciativas de los poderes estatales de la Cuarta Transformacón (4T), encontramos que los casos de megaproyectos de infraestructura y de programas sociales bajo sombras de corrupción público-privada, han sido determinantes de las instancias federales que han desaparecido, las que se han creado, e incluso, de las instancias que han revivido por ser de interés público. Estos casos han sido también los más instrumentados desde las reacciones partidistas y las oposiciones sectoriales, para quejarse de la Presidencia de la República y reclamar sus políticas de transformación republicana a Andrés Manuel López Obrador.
Sabemos que los poderes de la 4T han desaparecido cerca de veinte instancias de gobierno federal, otras quince han sido reorientadas con el correspondiente cambio de denominación y que una o dos son apenas de nueva creación. Se nos ha notificado también que la Cuarta Transformación ha procedido, según la dimensión problemática de cada caso, contando con información y estadísticas que aún no son del todo transparentes para la opinión pública. Sin lugar a duda, agradeceríamos más detalles al respecto.
Durante el primer trimestre de 2019, nos enteramos que las modificaciones dispuestas por los poderes de la 4T alcanzaron a Nacional Financiera S.N.C., al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ya que Operadora Portuaria, S.A de C.V., cambió a Fonatur Tren Maya, S.A de C.V., y Fonatur Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., cambió a Fonatur Infraestructura, S.A de C.V. La Procuraduría General de República (PGR) cambió a Fiscalía General de la República (FGR), adscribiéndose a ella el Fondo para familiares de las mujeres víctimas de homicidio en Juárez, Chihuahua. Cambiaron también los mandatos de administración para recompensas de la PGR y de administración y pago para programas de procuración de Justicia de la citada procuraduría.
También conocimos que, entre otras instancias desaparecidas, pasaron a la historia con más pena que gloria, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro de Evaluación y Control de Confianza, el Centro Federal de Protección a Personas y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y el Partido Nueva Alianza.
Los poderes de la 4T resolvieron también la desaparición de los Fideicomisos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el correspondiente a indemnizaciones legales por despido, el de cobertura laboral y vivienda, el correspondiente a restauración, recuperación, sostenimiento y mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Estado de Quintana Roo, etc. También quedaron atrás los Fideicomisos para el Desarrollo de la Región Centro-Occidente, y para el Desarrollo Regional Centro-País, el fideicomiso Fondo Mexicano de Carbono, Capítulo Uno, y todo lo correspondiente a las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Pendiente aún se encuentra el caso del tecnocrático Coneval.
A pesar del conjunto de instancias federales desaparecidas en lo que va del sexenio por megaproyectos de infraestructura y programas sociales bajo sombras de corrupción público-privada –que nunca se mencionan desde las quejas de las reacciones partidistas del PAN, PRI, PRD, MC, etc. y las oposiciones sectoriales de la Coparmex, Concanaco, Banamex, etc.–, el proceso de transformación no se considera terminado para el pueblo mayoritario que ha sido determinante del cambio democrático del 1 de julio de 2018.
No se considera acabado porque hay multitudes de partidarios activos de la 4T y del Presidente de la República, que consideran que los poderes del Estado mexicano no han procedido contra otras instancias federales de dudosas reputaciones, así como la multitud de ellas en los estados y los municipios. Insisten en que hay que suprimirlas o modificarlas a fondo para que los recursos públicos sean completamente liberados de los controles partidistas y los dominios corruptos, y puedan regresar a manos de las autoridades legítimas en beneficio de los mexicanos que contribuyen a la creación del bienestar nacional.
Sabemos que se señalan como candidatos a las desapariciones o las modificaciones a fondo desde los poderes estatales: la Comisión Federal de Competencia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, el Centro Nacional para la Prevención del Delito, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Agencia Espacial Mexicana, entre otros.
Se trata de instancias federales que subsisten en tiempos de la 4T por los intereses partidistas y los desplantes sectoriales de favorecer iniciativas neoliberales bastante opaces hasta la fecha. Sus presuntos proyectos y programas no solo significan nuevos dispendios intencionales de dineros públicos, sino que son permanentes amenazas de corrupción público-privada contra los contribuyentes responsables y los electores libres.
Todas ellas son bastiones elitistas para propagar ideologías opresivas o supresivas, con tecnócratas partidistas en papeles de fanáticos funcionales y benefactores coyunturales, quienes promueven discriminaciones públicas y exclusiones sociales desde los cargos públicos a cambio de representaciones políticas o compensaciones económicas en el ámbito privado.
Así las cosas, quién diga que al Estado mexicano bajo los poderes de la 4T y la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador le hace falta alguna de esas instancias federales, no es agente del cambio democrático y la transformación republicana. Será acaso un simple partidario de las reacciones partidistas y las oposiciones sectoriales, sin idea de ningún programa político que le otorgue posibilidades ante las iniciativas de la Cuarta Transformación.