BARCELONA, España, 21 de diciembre (EFE).- Miles de simpatizantes de partidos y asociaciones soberanistas se manifestaron hoy en el centro de Barcelona (noreste) contra el Gobierno español y para pedir la libertad de los políticos catalanes que cumplen prisión preventiva por el proceso independentista ilegal del 2017. Según la policía local de Barcelona, unas 40,000 personas participaron en esta manifestación unitaria independentista, con la que culminó una jornada de movilizaciones, algunas violentas, contra la presencia del Ejecutivo español en la región autónoma de Cataluña.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, decidió celebrar hoy la reunión semanal del Consejo de Ministros en la capital catalana (habitualmente es en Madrid) como gesto de distensión con las autoridades independentistas regionales.
Como señal de protesta, los grupos separatistas más radicales, denominados “Comités de Defensa de la República” (CDR) cortaron más de 20 tramos de carreteras y participaron en varios incidentes en Barcelona.
La policía regional de Cataluña detuvo a 13 personas: diez en Barcelona y tres en la provincia de Tarragona por cortar una autopista. Y 77 resultaron heridas, ninguna de gravedad, de las que 35 son agentes de las fuerzas de seguridad.
Los independentistas más violentos levantaron barricadas y lanzaron piedras y pintura a los agentes, que trataron de disolverlos con varias cargas.
También la ciudad catalana de Gerona, un millar de independentistas se concentró delante de varios edificios oficiales y de la comisaría de la Policía regional para protestar contra las autoridades españolas.
Gobierno aprueba medidas
El Gobierno español, reunido en Barcelona, aprobó hoy una serie de medidas sociales e inversiones y gestos simbólicos con la región de Cataluña, mientras radicales independentistas protestaban por la presencia del Ejecutivo en esta región autónoma española y provocaban incidentes violentos. La reunión del Consejo de Ministros español en la capital catalana (habitualmente es en Madrid) fue un “acto de afecto y de aprecio” a Barcelona y a Cataluña, declaró la ministra portavoz, Isabel Celaá, al término de la sesión, en una rueda de prensa en la que subrayó el deseo de que la jornada se celebrara “con normalidad” y “sin violencia”.
En una reunión protegida por un fuerte despliegue policial que movilizó a varios miles de agentes regionales y estatales, el Ejecutivo aprobó varias medidas para esa comunidad autónoma española, como inversiones en carreteras o cuestiones financieras.
También hubo gestos simbólicos para esta región, como el cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona, que se llamará “Josep Tarradellas”, en honor al primer presidente del Gobierno regional catalán tras el fin de la dictadura franquista (1939-1975) y retorno de la democracia a España.
Además, el Gobierno español aprobó una declaración de condena y rechazo del juicio militar que en 1940 -en pleno régimen dictatorial del general Franco- sentenció a muerte a Lluis Companys, presidente del Gobierno regional catalán, ejecutado inmediatamente después.
En el terreno social, el Gobierno aprobó una fuerte subida del 22.3% en el salario mínimo y otra del 2.25% del sueldo de los funcionarios públicos, que forman parte de su programa de mejora de la situación económica de la población.
Términos duros
La oposición de centroderecha, como el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s), criticó hoy de nuevo en términos muy duros la política catalana de Sánchez, al que acusan de ceder ante los independentistas. El presidente del PP, Pablo Casado, culpó a Sánchez de negociar con Torra “la ruptura de la soberanía nacional”, mientras que el líder de C’s, Albert Rivera, consideró “humillante” la actuación del presidente del Gobierno español.
En cambio, el Gobierno regional catalán, controlado por partidos independentistas, rechazó los acuerdos aprobados hoy por el Ejecutivo central como “sectoriales y cosméticos”, según dijo su “número dos” y portavoz, Elsa Artadi.
La réplica del Ejecutivo de Sánchez fue insistir hoy en que el diálogo y el trabajo son la única forma de superar el actual clima de enfrentamiento, y negar que se hubieran hecho concesiones a los independentistas.
“El Gobierno siempre ha buscado abrir espacios de diálogo”, respondió hoy la ministra portavoz sobre las reuniones en Barcelona de estos dos días, aunque pidió al Ejecutivo regional catalán “reciprocidad” en la búsqueda de una solución. Por su parte, la ministra de Administraciones Territoriales, la catalana Meritxell Batet, recalcó en la misma rueda de prensa que el derecho a la autodeterminación “no existe” en la legislación española.
En su lugar, Batet se decantó por la necesidad de que ambos Gobiernos apuesten por el “dialogo” y la “capacidad de llegar a acuerdos que representen a la mayoría de la sociedad catalana”.