Zheger Hay Harb
La nota colombiana
El príncipe de Lampedusa en su única novela, El Gatopardo, nos describió la astucia de los retrógrados ante el cambio: que todo cambie para que todo siga igual.
Eso es lo que estamos viviendo en Colombia con el caso del fiscal general: está éticamente impedido no sólo para investigar los numerosos casos de corrupción de Odebrecht por haber sido abogado de una de las empresas involucradas y asesor jurídico de confianza del hombre más rico del país, dueño de varias de ellas, sino que por no haber investigado habiendo méritos suficientes para hacerlo, es indigno de mantenerse en el cargo.
Y ¿cuál fue la solución, pedida a gritos por muchos bienpensantes a los cuales hizo coro el mismo fiscal? Solicitar el nombramiento de un fiscal ad hoc, petición que acaba de ser aceptada por la Corte Suprema de Justicia. Pero éste no va a reemplazar a Néstor Humberto Martínez (el fiscal general) en todo lo que tenga que ver con Odebrecht que plantea serios conflictos de interés sino apenas en tres de esos casos. En vez de su renuncia, lograron atornillarlo en la silla.
Martínez y su vicefiscal se unieron a esa solicitud como cuando un ladrón al verse descubierto grita: ¡al ladrón, al ladrón!, para que la gente engañada corra en otra dirección; pero además y de manera muy importante, porque a raíz del escándalo las empresas de su antiguo jefe –el grupo AVAL que incluye varios bancos- han perdido un millón de dólares en la bolsa y en las redes sociales están haciendo campaña para que la gente retire sus fondos de ellas.
El fiscal ad hoc deberá ser elegido por la Corte de una terna que le envíe el presidente de la República –y vamos a ver a quiénes selecciona; ya hay prueba gráfica del ex presidente Uribe y Néstor Humberto entrando al palacio a entrevistarse con el presidente en vísperas de que éste conforme la terna- y el escogido deberá trabajar con todo el aparato de la fiscalía, que está bajo las órdenes del fiscal general por lo cual su independencia será casi ninguna.
Desde antes de la elección del actual fiscal general se había advertido por voces de muy distintos orígenes que el abogado de tantos poderosos no podría ocupar ese cargo porque iba a tener que declararse impedido en los muchísimos casos que involucraran a sus ex clientes. Pero Martínez debe tener conocimiento de las debilidades de mucha gente y eso explicaría su fuerza y, contra las advertencias, Juan Manuel Santos, entonces presidente, lo incluyó en la terna y la Corte Suprema lo eligió.
El asunto Odebrecht fue tomando vuelo propio, enredando más al fiscal a medida que se iban conociendo videos grabados por el veedor de una de las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, antiguo cliente del fiscal. En ellos aparece el veedor conversando con el ahora fiscal (antes de serlo) y, ante los delitos que le enumera y que éste repite en esa charla, le recomienda que se calle, que no haga escándalo, que “Luis Carlos” le aconseja eso: silencio.
Ese veedor murió de un infarto, según el certificado de defunción y dos días después su hijo, que había venido de París al funeral de su padre, junto con su esposa embarazada por primera vez, toma un sorbo de agua de una botella que encuentra en el escritorio de su padre y muere casi de inmediato envenenado con arsénico.
Una periodista saca a la luz los videos mencionados y empieza la opinión a presionar por la renuncia del alto funcionario. El impedimento ético del fiscal es claro y la oposición, representada por tres senadores de izquierda, hace un debate en el Congreso para pedir su renuncia.
Ante el escándalo suscitado la fiscalía va a la casa del veedor difunto y se lleva los celulares y computadores (no los copia, como ordenan los procedimientos, sino que se los apropia) y apenas cinco días después los lleva ante el juez de garantías, quien se ve obligado a rechazarlos por habérselas presentado fuera del tiempo estipulado. ¿Un litigante tan avezado como el fiscal general cometiendo un “error” tan elemental?
Los senadores hicieron una exposición detallada en el debate para sustentar su solicitud, demostrando que el fiscal conocía los delitos y no adelantó ninguna investigación al respecto y cuando estaban casi para terminar, se hizo presente el fiscal en el recinto.
Durante casi dos horas se dedicó a atacar a los tres congresistas pero sin poder demostrar su inocencia. Y de pronto, ¡oh sorpresa!: el golpe bajo. La congresista Paloma Valencia, del Centro Democrático, presenta un video, sin audio, en el que aparece Gustavo Petro, uno de los senadores citantes del debate, contando gruesos fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa plástica. Los senadores citantes pidieron la palabra para ejercer el derecho de réplica, como ordena el reglamento del Congreso, pero el presidente del Senado, uribista radical, les cerró los micrófonos y levantó la sesión. Los censuró.
Los del Centro Democrático y la coalición de gobierno ahí sí pusieron el grito en el cielo diciendo que Petro había recibido dineros mal habidos para financiar sus campañas políticas. La senadora dijo que a ella le habían enviado el video sin especificar el origen pero se puede suponer que la misma fiscalía fue la remitente.
Ya hace unos meses en tono de amenaza un famoso abogado litigante de derecha, defensor de muchos procesados por delitos de narcotráfico y otros peores, había hecho al aire la pregunta de si Petro podría negar que había recibido dinero en efectivo de origen dudoso y luego dijo que era del Loco Barrera, un narcoparamilitar.
El fiscal, que no ha iniciado siquiera indagación preliminar por los delitos que el veedor –controller lo llaman muy agringadamente- le confió, en este caso demostró una diligencia envidiable para remitir el caso a la Corte Suprema que es la competente para investigar al senador.
Petro, conocido por su elocuencia y a pesar de que algunos suponen que conocía la existencia del video, no ha dado una explicación clara y convincente; se limitó a mandar una serie de trinos en un lenguaje farragoso, a pesar de que hay indicios ciertos de que, como dijo él, el dinero se lo dio Simón Vélez, un arquitecto de renombre internacional, a título de préstamo o para apoyar la campaña a la presidencia de Antonio Navarro, entonces presidente del Polo Democrático. Pero Navarro salió presuroso a decir que en su campaña no habían visto ni un peso de ese dinero.
Para acabar de enredar las cosas, Vélez negó que él le hubiera hecho ningún préstamo a Petro pero otro senador del Polo acaba de sacar del olvido una entrevista grabada al arquitecto en la que éste dice que apoyó al senador en su campaña y que él guarda el dinero en efectivo en su cocina en botes porque desconfía de los bancos. Yo, más desconfiada que Petro, creo que lo hace y ahora niega el aporte al senador para evitarse investigaciones de la DIAN (Dirección de Impuestos).
Así que ahora el foco del escándalo pasó del fiscal a Petro, Uribe trina la inocencia de Néstor Humberto y acusa al senador, el presidente no se ha manifestado pero su ministro de Defensa ya dijo que el jefe del principal órgano de investigación debe seguir en su puesto porque lo está haciendo muy bien y, aunque parezca un chiste, la vicepresidente de la República ha pedido a la Superintendencia Financiera que investigue el delito de pánico económico que se estaría presentando por la avalancha de retiros de clientes del grupo Aval.