CIUDAD DE MEXICO, México, 29 de agosto (AP/PL).- El gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, apuntó un informe de Naciones Unidas publicado el miércoles.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.
El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.
Además señaló que la misión del organismo no fue invitada para hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos, por lo tanto, el contenido del informe es el resultado de un trabajo que se ha extralimitado en sus alcances y que incluso violenta la soberanía nicaragüense.
“El informe es parcializado y sesgado con afirmaciones subjetivas”, dijo el gobierno de Ortega en un comunicado en el que lamentó que en el documento no se haga ninguna referencia al intento de golpe de Estado del que, afirma, ha sido víctima por parte de “grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional”.
El Ejecutivo nicaragüense ha negado los excesos en el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.
Apresan a asesinos
de estudiante
La policía de Nicaragua informó hoy sobre la captura de siete terroristas que participaron en el asesinato de un estudiante en León, en medio de la ola de violencia y el intento golpista.
Los sujetos con armas de fuego, morteros y bombas molotov incendiaron el 20 de abril el Centro Universitario de la Universidad Nacional, donde resultó calcinado el joven Cristian Emilio Cadena, y se reportaron cuantiosas pérdidas materiales.
El grupo enfrenta cargos por los delitos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte, según informó el segundo jefe la Dirección de Auxilio Judicial, Farle Roa, durante una conferencia de prensa.
De acuerdo con el reporte policial, los mismos individuos que se mantenían en bloqueos de vías en el departamento, secuestraron, torturaron y amenazaron con quemar vivos a dos ciudadanos por ser militantes de la Juventud Sandinista 19 de Julio.
En el asalto, ocurrido el 1 de junio en la ciudad universitaria, también robaron a las víctimas una camioneta.